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Por Walter Ramírez Aguilar, Especial QMEX
XALAPA, VER., 18 de junio, (Quadratín México).- La asociación privada antiabortista Vida y Familia A.C. (VIFAC), es, por decir lo mínimo, una agrupación que lucra con la vida humana; que se ha rodeado de intereses políticos, eclesiásticos y privados para simular actos jurídicos que le permitan, sin empacho y preocupación alguna, manejar a su antojo el “mercado” de infantes adoptables en México y en el extranjero.
Fundada en 1985, por Gabriela Mariscal Vilchis y Graciela Sodi de Velasco en la ciudad de México, esta organización cuenta con oficinas en Aguascalientes, Baja California, Campeche, Colima, Coahuila, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Morelos, Michoacán, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Yucatán.
Es decir, tienen presencia en 20 de las 32 entidades del país y desde hace dos décadas, por lo menos, suman decenas de quejas y denuncias que lo menos que refieren, es que esta agrupación lucra con las adopciones que realiza, trafican ayudados de abogados jaliscienses, con seres humanos que son enviados a Europa (Irlanda y España, principalmente) y, además, han servido de matraqueros y porristas para que organizaciones políticas como el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), promuevan y validen reformas antiabortistas en diversos estados de la República para complacencia de la jerarquía católica mexicana.
Pero eso no es todo, VIFAC juega un doble papel, ya que para su sostenimiento esta organización privada recibe presupuestos privados que le canalizan empresas como Radio Shak, SeguriTech y el Monte Pío Luz Saviñon.
Sin embargo, también realiza cabildeos entre los gobiernos estatales y sus Congresos con el propósito de recibir presupuestos anuales que les permitan desarrollar sus actividades dentro del marco de la ley.
Y gracias a lo anterior, VIFAC recibió en el 2009, 710 mil pesos que le autorizaron los diputados del Congreso de Aguascalientes.
Y aunque no hay registros de su presencia en Zacatecas, una información reciente ofrecida por María Luisa Sosa de la Torre, integrante de la Coordinación Nacional por un Milenio Feminista, asegura que en los próximos meses esta agrupación privada recibirá medio millón de pesos de parte del Instituto para las Mujeres Zacatecanas (Inmuza).
A decir de esta luchadora social, esta decisión violentaría la Constitución estatal ya que no se respetaría la laicidad que debe prevalecer en el Estado.
Documentos en nuestro poder, revelan que VIFAC y el despacho jurídico López y López de la Ciudad de Guadalajara, han estado coludidos en la adopción de al menos 119 infantes de 400 que supuestamente estaban albergados en 23 casas hogar en la zona metropolitana de Guadalajara durante el 2011.
Asimismo, la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR), en Colima, inició una averiguación previa desde el 2006, en relación a ocho adopciones que se realizaron en favor de igual número de parejas irlandesas.
El fiscal especial del gobierno de Colima encargado de dar un informe pormenorizado a la PGR para que atrajera esta investigación, Tomás Coronado Olmos, indicó que las dos principales organizaciones inmiscuidas en estas adopciones eran: SOS Bambinos y VIFAC.
Hasta esta fecha, las investigaciones no han concluido, pero se sabe que las parejas irlandesas que estuvieron interesadas en adoptar infantes, regresaron a su país de origen pero están ubicadas y que en caso de ser necesario serán llamadas a nuestro país para deslindar responsabilidades.
De igual forma, hay denuncias en el Estado de México, en donde se refiere que VIFAC aprovechando la ignorancia y la necesidad de madres solteras y mujeres embarazadas, promueve la adopción de los infantes no deseados, faltando a la ley o acomodando en su beneficio las normas legales para posteriormente entregarlos a otras parejas estables.
En esa denuncia pública, Luis Rodríguez Durán, padre de la niña Sofía Larrauri Gallardo, sostiene que VIFAC coludida con autoridades judiciales le han negado el derecho de reconocer a su hija y refiere que él tuvo una relación sentimental con la señora Diana Marissa Larrauri Gallardo, que terminó justo cuando nació su hija.
El padre dice que su ex pareja quiso abortar a su hija y que él le suplicó que no lo hiciera, y que ella posteriormente se asesoró con personas del VIFAC y al alumbramiento registraron a la niña Sofía con el nombre de la madre exclusivamente y con la dirección de Circuito Educadores 63 en la Ciudad Satélite, en el Estado de México y esa dirección es la sede de VIFAC.
Además, por un testimonio anónimo, se conoció que VIFAC solicita dinero cuando una pareja desea adoptar un bebé. Los trámites que realiza esta organización, son variables y van de acuerdo a las posibilidades económicas de cada pareja.
El testimonio que tenemos refiere que luego de 20 meses de trámites y de haberles sacado más de 80 mil pesos en “cursos y capacitaciones”, VIFAC descalificó a esa pareja y les argumentó que no estaban capacitados para ser padres de familia. La pregunta que cabe aquí es ¿Qué acaso no pudieron descubrir eso en la primera reunión psicológica que se realiza a cada pareja cuando comienza su calvario para adoptar?
Lo que se ve, es que la agrupación Vida y Familia A.C., se ha rodeado de poder político, económico y eclesiástico para lucrar con la vida humana, para apoderarse del “mercado humano” que suponen los niños no deseados o abandonados y que además se ha puesto del lado de los que desaprueban en aborto pero callan ante los actos de pederastia que ha cometido la Iglesia católica no sólo en México sino en muchas otras naciones del mundo.
QMEX/wra/