Presupuesto 2027: México gasta en el presente, pero compromete su futuro

El presupuesto de una nación no es solamente un ejercicio de contabilidad pública. Es, sobre todo, la expresión más clara de sus prioridades políticas, económicas y sociales. Y el aprobado para 2027 deja una pregunta que debería preocuparnos a todos: ¿estamos destinando los recursos públicos a construir el México que necesitamos o simplemente a sostener el que tenemos?

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) ha puesto sobre la mesa una advertencia que merece ser escuchada más allá del ámbito empresarial. En su posicionamiento sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación 2027, el organismo señala que la Cámara de Diputados desaprovechó una oportunidad estratégica para fortalecer el crecimiento económico, la seguridad, la competitividad y la inversión productiva.

No se trata de una crítica menor. Estamos frente a decisiones que determinarán buena parte de las posibilidades de desarrollo de México durante los próximos años.

Y considero que el problema de fondo no es exclusivamente cuánto dinero tiene el gobierno para gastar, sino qué prioridades está privilegiando y cuáles está dispuesto a sacrificar.

Un país que invierte menos en su futuro

Uno de los datos más preocupantes del análisis de Coparmex es que la inversión física representará apenas 2.6 por ciento del Producto Interno Bruto, cuando hace una década alcanzaba 4.5 por ciento.

La diferencia es significativa. Menor inversión pública implica menos infraestructura, mayores dificultades logísticas, servicios insuficientes y una pérdida gradual de competitividad.

Mientras tanto, el déficit presupuestario proyectado asciende a 3.9 por ciento del PIB, por encima de la proporción destinada a inversión física.

Esto debería encender las alarmas.

El endeudamiento público no es necesariamente negativo cuando contribuye a crear infraestructura, aumentar la productividad o generar condiciones para el crecimiento. El problema aparece cuando los compromisos financieros aumentan mientras disminuye la capacidad de inversión.

México no puede aspirar a convertirse en una potencia industrial de Norteamérica si no está dispuesto a invertir en las condiciones que hacen posible esa aspiración.

El fenómeno del nearshoring, la integración productiva regional y las oportunidades que ofrece el T-MEC requieren energía confiable, carreteras, puertos, seguridad, capital humano y certidumbre jurídica.

Ninguna de estas condiciones se construye únicamente con discursos.

Pensiones y deuda: el peso de las decisiones acumuladas

El presupuesto contempla 2.48 billones de pesos para pensiones y 1.57 billones para el costo financiero de la deuda pública.

En conjunto, ambos conceptos representan 4.05 billones de pesos, una cantidad superior a los recursos destinados conjuntamente a sectores fundamentales como educación, salud, seguridad e infraestructura, de acuerdo con el análisis de Coparmex.

Aquí conviene hacer una distinción importante.

Las pensiones constituyen compromisos sociales que deben respetarse. El bienestar de los adultos mayores no puede convertirse en una variable de ajuste presupuestario.

Sin embargo, tampoco podemos ignorar que el crecimiento de las obligaciones permanentes del Estado reduce progresivamente su capacidad para atender nuevas necesidades.

Mi preocupación es que estemos construyendo un modelo en el que cada año destinamos más recursos a compromisos adquiridos y menos a generar la riqueza que permitirá financiarlos mañana.

Sin crecimiento económico sostenido, incluso las mejores políticas sociales terminan enfrentando límites financieros.

Por eso, defender la inversión productiva no significa oponerse al gasto social. Significa reconocer que ambos necesitan complementarse para ser sostenibles.

Seguridad, salud y educación: las prioridades que no pueden esperar

La seguridad constituye uno de los mayores obstáculos para la actividad empresarial.

Aunque el presupuesto destinado al rubro de Estado de derecho aumenta 10 por ciento en términos reales, hasta alcanzar 401 mil millones de pesos, Coparmex advierte que continúa por debajo de los niveles registrados en 2024 y 2025.

Las transferencias federales para seguridad en estados y municipios apenas aumentan 3 por ciento.

Para miles de micro, pequeñas y medianas empresas, estas cifras no representan una discusión abstracta.

La extorsión, el robo, la inseguridad en carreteras y la presencia del crimen organizado afectan directamente sus costos, su operación y, en muchos casos, su supervivencia.

Una empresa que paga extorsiones difícilmente puede invertir, contratar más trabajadores o mejorar sus salarios.

En educación encontramos otra contradicción.

El presupuesto educativo alcanzará 1.26 billones de pesos, con un incremento real de 7.6 por ciento. Sin embargo, los programas de becas concentrarán 193 mil millones de pesos, mientras que los servicios educativos recibirán 185 mil millones.

Las becas son necesarias y socialmente valiosas. Pero entregar apoyos económicos no sustituye la obligación de ofrecer educación de calidad.

Necesitamos escuelas equipadas, maestros capacitados y jóvenes preparados para incorporarse a una economía cada vez más tecnológica y competitiva.

En salud, los recursos ascenderán a 1.11 billones de pesos, equivalentes a 2.8 por ciento del PIB.

El propio análisis empresarial señala que, entre 2018 y 2024, el gasto de bolsillo en medicamentos de los derechohabientes del IMSS aumentó 98 por ciento en términos reales.

Esto revela una realidad preocupante: el presupuesto puede crecer sin que necesariamente mejoren los servicios que recibe la población.

Turismo: una oportunidad económica desaprovechada

Hay decisiones presupuestales que resultan particularmente difíciles de comprender.

El turismo aporta 8.7 por ciento del PIB nacional y genera cerca de 35 mil millones de dólares en ingresos por visitantes internacionales, según las cifras recogidas por Coparmex.

Las organizaciones empresariales del sector propusieron destinar 5 mil millones de pesos a la promoción turística nacional e internacional.

La ampliación aprobada fue de apenas 20 millones.

Es decir, solamente 0.4 por ciento de lo solicitado.

En un entorno de creciente competencia internacional, resulta contradictorio limitar los recursos destinados a promover una actividad capaz de generar divisas, empleo y desarrollo regional.

El turismo no debería entenderse como un gasto promocional prescindible, sino como una inversión estratégica cuya efectividad debe medirse y evaluarse.

La democracia también necesita presupuesto

Otro aspecto que merece atención es la reducción de 6 mil millones de pesos al Instituto Nacional Electoral.

De acuerdo con Coparmex, después de más de mil 700 reservas presentadas durante la discusión presupuestal, la modificación aprobada consistió en ese recorte, con el que se financiaron las reasignaciones incorporadas.

No sostengo que las instituciones públicas deban estar exentas de revisiones presupuestales. Todas tienen la obligación de administrar sus recursos con eficiencia y transparencia.

Pero cualquier reducción debe estar sustentada en criterios técnicos que garanticen el cumplimiento de sus responsabilidades.

La certeza electoral y la fortaleza institucional no son asuntos ajenos a la economía.

Por el contrario, constituyen condiciones fundamentales para generar confianza entre inversionistas nacionales y extranjeros.

Sin instituciones confiables, la competitividad económica también se debilita.

El empresariado no puede limitarse a observar

Frente a este escenario, considero que el sector empresarial mexicano debe asumir una responsabilidad que trasciende la crítica presupuestal.

No basta con señalar errores, emitir comunicados o expresar preocupación.

Es indispensable construir propuestas, participar en la discusión pública y exigir mecanismos transparentes para evaluar los resultados del gasto gubernamental.

La propuesta de Coparmex para crear un Consejo Fiscal Independiente merece una discusión seria. Un organismo con autonomía técnica podría contribuir a evaluar los supuestos económicos, identificar riesgos y fortalecer la disciplina fiscal.

Pero también necesitamos una agenda empresarial más amplia.

Una agenda que vincule crecimiento económico con bienestar social, productividad con mejores salarios, inversión con desarrollo regional y competitividad con instituciones sólidas.

El empresariado debe defender sus legítimos intereses, pero también comprender que su fortaleza depende de la prosperidad del país.

No se trata de confrontar al gobierno por confrontarlo, ni de convertir cada decisión económica en una disputa partidista.

Se trata de exigir resultados, participar con argumentos y reconocer que las decisiones presupuestales tienen consecuencias que trascienden los ciclos políticos.

México necesita una visión de futuro

Mi principal preocupación sobre el Presupuesto 2027 es que refleja una tensión cada vez más evidente entre las necesidades inmediatas del gobierno y las inversiones indispensables para el desarrollo nacional.

Administrar los recursos públicos implica tomar decisiones difíciles. Ningún presupuesto puede satisfacer todas las demandas.

Sin embargo, gobernar también significa establecer prioridades y asumir la responsabilidad de sus consecuencias.

Un país que invierte insuficientemente en infraestructura, educación, salud y seguridad compromete sus posibilidades de crecimiento, independientemente del volumen de recursos que destine a otros objetivos.

Y cuando el crecimiento se debilita, también disminuyen las oportunidades de empleo, la recaudación fiscal y la capacidad del Estado para sostener sus programas sociales.

Por eso considero que México necesita abandonar la falsa disyuntiva entre bienestar social y desarrollo empresarial.

No habrá bienestar sostenible sin empresas productivas, inversión, empleos formales y una economía capaz de generar riqueza.

El Presupuesto 2027 ya fue aprobado. Pero eso no significa que el debate sobre el futuro económico de México deba darse por concluido.

Por el contrario, debería ser el punto de partida para una discusión nacional más profunda sobre el modelo de desarrollo que queremos construir.

El gobierno tiene la responsabilidad de administrar los recursos públicos. El Congreso, de supervisar su ejercicio. Y el sector empresarial, junto con la sociedad civil, tiene el derecho y la obligación de participar activamente en las decisiones que definirán el futuro del país.

Porque el verdadero riesgo no es solamente tener un presupuesto insuficiente.

El verdadero riesgo es acostumbrarnos a un presupuesto que administra las necesidades del presente mientras reduce las oportunidades del mañana.

Y México no puede darse ese lujo.