Pretenden blindar obras de infraestructura federal de consulta popular

CIUDAD DE MÉXICO, 30 de octubre de 2018.- Si es que no cancelan la sesión ordinaria de este martes en las cámaras del Congreso de la Unión, los grupos parlamentarios del PAN y PRI advierten un debate para emitir un posicionamiento respecto al resultado de la consulta ciudadana nacional sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).

El coordinador de los senadores panistas adelantó que su bancada presentará un enérgico punto de acuerdo al Pleno para frenar la manipulación política y abordar el tamaño de los daños a los bolsillos de los mexicanos por la decisión arbitraria del presidente electo Andrés Manuel López Obrador.

Incluso advirtió que no permitirán que se les aplique la polémica “ley mordaza” de facto, antes de levantar las sesiones sin entrar a debatir los temas polémicos en el Pleno.

Al PAN le preocupa ver a Andrés Manuel López Obrador “fuera de control”. “Parece que es mucho más atractivo para él mostrar que él manda, que hacer las cosas bien para México”, señaló el coordinador parlamentario, senador Damián Zepeda Vidales.

Por su parte, el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, consideró que están a tiempo de tomar una decisión oportuna para México, sin polarizar.

“No tienen por qué molestarse respecto a que fijemos nuestra posición, sino todo lo contrario, tienen que escuchar todas las voces, y esta es una voz que habla de responsabilidad en favor del país”, dijo el priista.

PAN se une al PRI para blindar de consultas populares a las obras

Los senadores del tricolor ya presentaron una iniciativa para que reforma el artículo 35, fracción VIII, numeral 3°, de la de la Constitución Política para quedar como sigue:

“No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución; los principios consagrados en el artículo 40 de la misma; la materia electoral; los ingresos y gastos del Estado; la seguridad nacional; la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente; y las obras de infraestructura pública de carácter federal. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá, previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta.”

La Carta Magna prevé desde el año 2012 la consulta popular como una figura muy importante de participación democrática. La reforma constitucional al artículo 35 incorporó como derecho de todos los ciudadanos participar en consultas populares sobre temas de trascendencia nacional, como una valiosa herramienta para incidir directamente en los asuntos de la vida pública nacional sobre actos legislativos y administrativos.

Gracias a esta importante reforma se dio una mayor estructura a la colaboración entre gobernantes y gobernados, ya que la participación permite que la ciudadanía pueda compartir y tomar las decisiones que representen el mayor beneficio para la sociedad en su conjunto. Esto fortaleció el derecho a la participación ciudadana reconocida en los artículos 25 y 26 constitucionales.

Es decir, esta Ley empodera al ciudadano al convertir el resultado de la consulta popular en un instrumento vinculante para los órganos de gobierno. Así se garantiza que la voluntad popular no quede sólo en papel y obliga al Gobierno Federal a su implementación.

Como un primer ejercicio en la materia, el PRI considera que se corre el riesgo de desacreditarla en la coyuntura política actual a partir de un ejercicio mal planeado e implementado como el que se pretende con el Nuevo Aeropuerto.

Con la aprobación de la reforma constitucional y la expedición de la Ley Federal de Consulta Popular, se destaca el paso firme de México para adecuarse a los paradigmas que rigen a las democracias más avanzadas.

Sin embargo, el tricolor considera que es un faltante en el marco normativo referido, el manejo adecuado de los datos de todas aquellas personas que decidan participar en un ejercicio democrático de esta naturaleza.

Para los integrantes del PRI en el Senado de la República, la consulta sobre el NAIM es una maniobra política para eludir responsabilidades, disfrazada de democracia participativa y carece de sustento legal por no cumplir con las disposiciones constitucionales, además de ser poco representativa.