Afirma García Harfuch que autoridad está presente en Sinaloa
CIUDAD DE MÉXICO, 6 de septiembre de 2022.- Ante la advertencia del presidente del PAN, Marko Cortés, de si PRI no retira la iniciativa constitucional en materia de Guardia Nacional la coalición Va por México estaría en riesgo, el líder priista Alejandro Moreno arremetió:
“El PRI no recibe ultimátum, ni acepta órdenes ni de aliados ni de adversarios. Siempre vamos a construir, en unidad y convicción, por el bien de México. Mañana a las 10 horas presentaremos nuestra postura en conferencia de prensa”.
Y añadió, en Twitter, que el tricolor “siempre está del lado de las familias mexicanas y ante la ineptitud de Morena tenemos que tomar decisiones pensando en el futuro de México”.
Antes, Cortés Mendoza señaló que “la dirigencia nacional del PRI debe de asumir la gran responsabilidad de seguirle dando vida a la comisión legislativa que le puso un alto a Morena en la regresiva, destructiva y contaminante Ley Bartlett
“Tenemos un mandato de millones de mexicanos, yo espero a que corrijan, que retiren la iniciativa o que la voten en contra, porque de no hacerlo el PRI cargaría con la responsabilidad y tendría que explicarla de por qué no pueda continuar la coalición Va Por México, ni en lo legislativo, mucho menos en lo electoral”.
En conferencia de prensa arropado por los senadores del PAN, exigió no acompañar ni la minuta que se discute en el Senado, ni la iniciativa de reforma constitucional que se discutirá en breve en la Cámara de Diputados. Esto, en absoluta congruencia de la postura de oposición de la coalición Va por México.
En su visita al Senado de la República, el dirigente nacional del partido confirmó los diálogos que ha sostenido con el líder perredista Jesús Zambrano Grijalva y el líder priista, Moreno Cárdenas, para manifestarle sus preocupaciones y está en espera de su respuesta.
También en congruencia con la Moratoria Constitucional comprometida y firmada de frente a la sociedad, los diputados federales de Acción Nacional irán en contra de la reforma constitucional que extiende el plazo que limitaba la participación militar en la Guardia Nacional en tareas de seguridad pública.