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CIUDAD DE MÉXICO, 21 de junio (Quadratín México).-El PRI solicitará a la PGR que se investiguen las cuentas bancarias del empresario mexico-estadunidense José Aquino.
El empresario acusó a integrantes del equipo peñista de amenazarlo con armas de fuego para obligarlo a firmar un contrato por 56 millones de dólares para la difusión de la imagen del candidato presidencial Enrique Peña Nieto en Estados Unidos.
Ante ello, Aquino presentó una denuncia ante la justicia estadunidense contra integrantes del área Comunicación Social del PRI, acusándolos de presunto de incumplimiento de dicho contrato firmado por su empresa Frontera Televisión Networks con Jiraos, propiedad de Alejandro Carrillo Garza-Sada.
En entrevista radiofónica, José Aquino sostuvo que su representante legal en la empresa Frontera Television Networks dudó en firmar el contrato con Jiramos, pero que se vio forzado a hacerlo porque Alejandro Carrillo los agredió verbalmente y los amenazó con dispararles si no firmaban los documentos.
“El licenciado que me representaba se negó a firmar el contrato porque le daba mala espina. Ya en la ida al notario, el licenciado le dijo a Alejandro Carrillo que no firmaba hasta que yo estuviera ahí; Alejandro le mentó la madre y le dijo que se la iba a partir, que sus guaruras traían Uzis (metralletas) y que más valía que firmaran, que el dinero ya estaba en su cuenta y que a él lo iban a matar si no firmábamos”, puntualizó Aquino.
Bajo estas circunstancias, agregó, fue que Frontera Television Networks trabajó durante siete meses para realizar las gestiones necesarias y el pago a diversos prestadores de servicios en Estados Unidos para la difusión de la imagen de Peña, la que finalmente no se realizó, pero sí le provocó un daño patrimonial por dicho desembolso.
En respuesta, el secretario Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, Raúl Cervantes, informó que continuará con la ampliación de la denuncia que presentó ante la PGR, a fin de que se el Sistema Financiero de México investigue las cuentas de José Aquino y se confirme si realmente hizo pagos y/o depósitos a diversas empresas, incluida la de Alejandro Carrillo.
El abogado calificó de poco creíble que una empresa fondee durante siete meses una estrategia propagandística, sin haber recibido un adelanto del pago del contrato, con el grave riesgo de que no se cumpliera.
Resaltó que en la denuncia interpuesta por José Aquino no figuran en lo absoluto el nombre del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ni del candidato presidencial Enrique Peña Nieto, sólo de dos de los integrantes del equipo de comunicación social –Roberto Calleja y David López-, cuyas firmas no están plasmadas en dicho contrato.
Insistió en la afirmación de que se trata de un asunto entre particulares –José Aquino y Alejandro Carrillo-, donde se ha involucrado al PRI, en principio, al tratar de extorsionarlo exigiéndole a integrantes del partido una suma importante de dinero para que no se ventilara el contrato ante la opinión pública.
Raúl Cervantes subrayó que es imposible pensar siquiera en alguna posibilidad de que el PRI aceptara un contrato de esa naturaleza, en principio porque la Ley Electoral prohíbe la difusión de candidatos en el extranjero y hacerlo tendría consecuencias trágicas, como la cancelación del registro.
Asimismo, porque se trata de una cantidad exorbitante la cual no sólo está muy por encima de los parámetros de gastos autorizados por el IFE, sino además resulta un gasto absurdo en cualquier campaña.
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