Principales logros del gobierno de Calderón en seguridad

CIUDAD DE DE MÉXICO, 3 de septiembre (Quadratín México).-En su Sexto Informe de Gobierno, tras reconocer que ha tenido errores, el presidente Felipe Calderón destacó sus principales logros en el combate a la delincuencia.

En esta administración se lograron aseguramientos sin precedentes a las organizaciones criminales; se aseguraron más de 114 toneladas de cocaína, casi 11 mil toneladas de marihuana y más de 75 toneladas de metanfetaminas.

Además, se aseguraron al crimen organizado más de 100 mil vehículos terrestres, 515 marítimos y 578 aéreos, así como más de mil millones de dólares en efectivo. Estas acciones representan pérdidas para los grupos criminales por casi 14 mil 500 millones de dólares, con lo cual se han desarticulado sus redes de control, cooptación y distribución.

También se han logrado aseguramientos históricos de armamento: entre diciembre de 2006 y julio de 2012 se aseguraron más de 154 mil armas (70 por ciento más de las armas aseguradas en los dos sexenios anteriores); más de 16 millones de municiones (132 por ciento más que lo logrado en las dos administraciones pasadas) y más de 18 mil granadas y explosivos (952 por ciento más de lo asegurado en este rubro en los dos gobiernos pasados).

Se asestaron importantes golpes a las organizaciones criminales en distintas zonas del país. Hasta agosto de 2012 habían sido capturados o fallecieron 22 de los 37 criminales más buscados por la PGR. Asimismo fueron detenidos más de 230 líderes y lugartenientes de todas las organizaciones.

También se aseguraron al crimen organizado más de 100 mil vehículos terrestres, 515 marítimos y 578 aéreos, así como más de mil millones de dólares en efectivo.

Estas acciones representan pérdidas para los grupos criminales por casi 14 mil 500 millones de dólares, con lo cual se han desarticulado sus redes de control, cooptación y distribución.

Igualmente, se han logrado aseguramientos históricos de armamento: entre diciembre de 2006 y julio de 2012 se aseguraron más de 154 mil armas (70 por ciento más de las armas aseguradas en los dos sexenios anteriores); más de 16 millones de municiones (132 por ciento más que lo logrado en las dos administraciones pasadas) y más de 18 mil granadas y explosivos (952 por ciento más de lo asegurado en este rubro en los dos gobiernos pasados).

Se asestaron importantes golpes a las organizaciones criminales en distintas zonas del país. Hasta agosto de 2012 habían sido capturados o fallecieron 22 de los 37 criminales más buscados por la PGR.

Asimismo, fueron detenidos más de 230 líderes y lugartenientes de todas las organizaciones criminales, entre los que destacan. Arturo “El Barbas” Beltrán Leyva, quien de hecho falleció al resistirse al arresto. También fueron detenidos Sergio Villarreal Barragán, Edgar Valdéz Villarreal “La Barbie” , entre otros.

También destaca la extradición de Vicente Zambada, hijo de Ismael “El Mayo” Zambada, uno de los narcotraficantes más poderosos del país.

Sin embargo, contrastan los narcotraficantes que siguen prófugos, entre los que destacan Vicente Carrillo Fuentes, hermano del infame Amado Carrillo Fuentes, quien se conocía como “El Señor de los Cielos”, y Joaquín “El Chapo” Guzmán, considerado uno de los narcotraficantes más poderosos e influyentes del mundo.

La PF experimentó una profunda transformación durante esta administración, convirtiéndose en una corporación moderna, capacitada y bien equipada. Su estado de fuerza pasó de poco más de 6 mil elementos en 2006, a más de 36 mil en 2012.

Es de resaltar la incorporación de más de siete mil jóvenes universitarios que hoy aportan su formación profesional y conocimientos a tareas sustantivas para la prevención y combate al crimen, como son la investigación, el análisis y la generación de inteligencia operativa.

También es de gran relevancia la creación de la División Científica de la PF, diseñada y equipada con laboratorios forenses de última generación para la investigación criminalística, especialmente para la extracción de ADN, detección de huellas digitales, análisis de voz o balística, así como la investigación de delitos cibernéticos.

Gracias al diseño y puesta en marcha del sistema tecnológico denominado Plataforma México, hoy la nación cuenta con capacidades inéditas para la recopilación, sistematización y consulta de información estratégica aplicada a la seguridad pública. Esto permite a la PF y al resto de las instituciones de seguridad del país el uso de productos de inteligencia de última generación con alcance nacional, que facilitan el despliegue de acciones encaminadas a la prevención oportuna y el combate eficaz de los delitos.

La PF hoy cuenta con personal, instalaciones y equipamiento de vanguardia que garantizan su operación bajo un Nuevo Modelo de Policía. Esto ha permitido a México transitar de un modelo reactivo, inoperante y propicio a la corrupción, a uno sustentado en la generación de inteligencia aplicada al combate de los delitos y principalmente, a su prevención.

El Nuevo Modelo de Policía establece los parámetros de transformación institucional que deben cumplir todas las policías del país para su necesaria modernización.

El Gobierno Federal impulsó la reorganización y el fortalecimiento de la institución con el fin de promover una procuración de justicia eficaz. Para ello, reformó su Ley Orgánica y reconfiguró a la Policía Federal Ministerial a través de procesos de evaluación, depuración e incentivos al desempeño. Asimismo, se creó el Centro de Comunicaciones de la Policía Federal Ministerial, con el objetivo de recibir, diseminar, sistematizar y generar productos de inteligencia que permitan incrementar las detenciones de presuntos criminales. Con la tecnología más avanzada, se constituyó el Laboratorio Central de Servicios Periciales, que resulta fundamental para apoyar la investigación criminal.

En concordancia con el Nuevo Sistema de Justicia Penal, fue puesta en marcha la estrategia integral de capacitación denominada Proyecto Diamante y se creó la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio en la Procuraduría General de la República, como la instancia responsable de instrumentar la implementación, seguimiento y evaluación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal al interior de la institución.

Con respecto a las fuerzas armadas, es de destacar el desarrollo de infraestructura para fortalecer las capacidades de inteligencia y despliegue territorial de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Entre diciembre de 2006 y agosto de 2012 se realizó un esfuerzo inédito en materia de formación profesional, al lograr que el 99.1 por ciento del total de efectivos del Ejército y Fuerza Aérea y el 95 por ciento de la Marina Armada de México se capacitaran en materia de derechos humanos.

Por otra parte, en esta administración, como en ninguna otra, se han mejorado las condiciones de vida de los miembros de los institutos armados. Con lo anterior se redujeron en más de 50 por ciento las deserciones en los elementos de las Fuerzas Armadas con respecto a los casos registrados en la administración previa.

El Gobierno Federal ha apoyado durante esta administración con más de 67 mil millones de pesos a los gobiernos locales para que capaciten, evalúen y depuren a sus cuerpos policiales. Se han logrado importantes avances, pero la tarea está inconclusa y requiere del compromiso de las autoridades locales para alcanzar los objetivos que la ley establece.

A julio de 2012, se contaba con un avance global de evaluaciones del 45 por ciento, lo que significa que todavía están pendientes de evaluar más de 239 mil elementos policiales en todo el país. Por su parte, las instancias federales cumplieron con la meta: el 100 por ciento de los elementos de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Seguridad Pública Federal están evaluados con controles de confianza.

“El día que tengamos policías y ministerios públicos confiables, jueces confiables en cada una de las entidades federativas de la república, ese día estará ganada la batalla por la seguridad de los mexicanos”.

Durante la presente administración se transformó profundamente el marco institucional en materia de seguridad y procuración de justicia, concretando reformas importantes que constituyen los cimientos para la construcción del país de leyes y orden que todos los mexicanos desean.

La Estrategia Nacional de Seguridad hace énfasis en la prevención del delito y en la reconstrucción del tejido social, esta es la vía que realmente permite generar una solución estructural a la inseguridad.

Se realizo la Reforma Constitucional en materia de Justicia Penal y Seguridad Pública, la cual garantiza el debido proceso penal a los imputados de un delito y la observancia de sus derechos, así como todos los derechos de las víctimas; instaura los juicios orales para dar a los procesos mayor transparencia, y dota de mayores y mejores instrumentos a las autoridades encargadas de la investigación del delito.

Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, que promueve una actuación inmediata y coordinada entre las autoridades de los distintos niveles de gobierno; se crean nuevos mecanismos para desarrollar una mejor investigación y aumenta las sanciones para los secuestradores.

Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, la cual ofrece un apoyo fundamental a los familiares de las víctimas en las investigaciones para la búsqueda, localización o ubicación de su familiar.

Directivas y Acuerdos para el uso legítimo de la fuerza Por primera vez en la historia del país, se emiten protocolos para establecer y regular la gradualidad y proporcionalidad del uso de la fuerza por parte de las fuerzas del orden.

Ley de Extinción de Dominio, mediante la cual se hace posible que la autoridad tome posesión legítima de los bienes utilizados por el crimen organizado y utilizar dichos bienes para crear un fondo destinado a indemnizar a víctimas de los delitos.

Reformas en materia de narcomenudeo para establecer responsabilidades de la Federación y las entidades federativas en la prevención del consumo de narcóticos, atención a las adicciones y persecución de los delitos contra la salud.

Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos con el fin de establecer las competencias y formas de coordinación en los tres niveles de gobierno para la prevención, investigación, persecución y sanción de delitos en materia de trata de personas.

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública para establecer mecanismos obligatorios de coordinación institucional entre los órdenes de gobierno para la definición de políticas públicas de alcance nacional en materia de Seguridad Pública.

Ley General para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia que establece la coordinación entre la Federación y las autoridades locales para la prevención de la violencia y establece mecanismos para prevenir la delincuencia.

En lo que va de la presente administración, con los programas de Recuperación de Espacios Públicos y Hábitat, se han recuperado más de cinco mil espacios públicos y centros de desarrollo comunitario. Dicha recuperación se logró a través de la construcción y equipamiento de los espacios, así como del desarrollo de acciones de participación social dirigidas a la prevención de conductas de riesgo y antisociales, como las adicciones y la violencia. En el periodo de enero a junio de 2012 se aprobó el rescate de 466 espacios públicos más, superando así en 11 por ciento la meta establecida para el presente año.

En esta administración se invirtieron más de cinco mil millones de pesos para conformar una de las redes de prevención, atención y tratamiento de adicciones más grande de América Latina. De 2007 a julio de 2012 se han creado 335 Centros Nueva Vida en los 261 municipios con mayor prevalencia de adicciones.

La prevención en los centros educativos es fundamental para que los jóvenes se mantengan alejados de las adicciones y la violencia. Con este objetivo, se creó el Programa Escuela Segura al que se han incorporado, ya 47 mil 316 escuelas.

QMEX/yvt/oab