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Destaca élite de Sedena en Reto SWAT 2025 ante equipos de 46 países
CIUDAD DE MÉXICO, 2 de junio de 2017.- La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), encabezada por el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, propuso que para combatir la venta de combustible ordeñado de manera ilícita, se ataquen los bienes inmuebles de quienes se benefician de esta actividad, de los llamados huachicoleros.
“Hay una propuesta para que se incluya en el Catálogo de Extinción de Dominio este robo a combustibles a fin de poder restar poder económico a quienes se dediquen a esta actividad”, expresó Mancera en la reunión con 13 gobernadores y 18 representantes estatales, en el Centro de Monitoreo C5 de la Ciudad de México.
Además de dicha medida disuasoria y sancionadora, los gobiernos estatales, a través de una mesa de trabajo, propusieron una modificación al artículo 19 Constitucional para que se aplique la prisión preventiva oficiosa a toda la cadena de robo de hidrocarburos, prosiguió el mandatario capitalino.
Las medidas de combate a la ordeña ilícita de combustible incluyen pedir un exhorto a Petróleos Mexicanos (Pemex) para que realice exámenes de control de confianza al personal involucrado en las tareas de despacho, transportación, almacenamiento y distribución de combustibles.
“Estimamos fundamental contar con este tipo de supervisión en todo el procedimiento y mecanismos adecuados de vigilancia”, advirtió Mancera.
El combate a los huachicoleros también incluye pedir la colaboración a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para que a través del Sistema de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de inteligencia financiera de la dependencia se puedan reforzar las labores de detección y sanción de operaciones relacionadas con el ilícito, particularmente en los casos de defraudación fiscal y de lavado de dinero.
Mancera, quien también es presidente de la Comisión de Seguridad de la Conago, indicó que se propondrá al Congreso de la Unión un paquete de reformas, entre ellas al artículo 19 constitucional, para que la prisión preventiva oficiosa opere en delitos como en el feminicidio, la extorsión, los robos de vehículos, de transporte de carga, a casa habitación y los delitos de posesión, portación, fabricación, comercio y acopio de armas de fuego ilícitas.