Propone diputada de Morena un sueldo para todos por ser mexicano

CIUDAD DE MÉXICO, 3 de mayo de 2017.- La diputada federal de Morena, Araceli Damián González, señaló que sería calificada de utópica su propuesta de crear el Ingreso Ciudadano Universal el cual busca garantizar un ingreso monetario pagado por el Estado a cada miembro de la sociedad.

Durante la conferencia, Ingreso Ciudadano Universal (ICU) que ofreció ante estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNAM, Damián González explicó que su propuesta plantea reformar el Artículo Cuarto de la Constitución para establecer que toda persona, desde su nacimiento, tenga derecho a un ingreso ciudadano universal, lo que considera es «dar un salto a la transformación».

El Estado garantizaría el cumplimiento de este ingreso mediante transferencias monetarias, «cuyo valor sea suficiente para que todas las personas alcancen un nivel de vida de austeridad digna».

De igual forma la Ley establecerá montos, periodicidad y mecanismos de entrega, así como el programa para su puesta en práctica de manera gradual.

Al respecto destacó que esos recursos se distribuirán “sin que medie condición alguna para su otorgamiento, universal e integrado en un sistema tributario progresivo, como base para la reorganización estructural de las políticas públicas”, apuntó.

Asimismo detalló que su propuesta también busca modificar el Artículo 73 para facultar al Congreso a expedir leyes sobre planeación nacional del desarrollo económico y social, ingreso ciudadano universal, así como en materia de información estadística y geográfica de interés nacional.

Explicó que la ley se establecería en dos etapas:

– La primera es de 20 años, y cubriría sólo la Canasta Normativa de Alimentos con un 15 por ciento más para almacenamiento, preparación y consumo de alimentos, es decir, mil 780 pesos mensuales, «por lo que una familia de cuatro personas tendría un ingreso de siete mil 120 pesos».

Este ingreso cubriría los primeros cinco años a personas de 65 años y más, y a menores de entre 8 y 17 años, porque son los que tienen mayor cobertura de programas sociales y el costo fiscal sería menor.

Los siguientes cinco años, a niños y niñas menores de 8 años; el siguiente quinquenio abarcaría a mujeres de entre 18 y 64 años, y el último lustro a hombres del mismo rango de edades.

– La segunda etapa, con una temporalidad también de 20 años, sería con cobertura para ampliar el Ingreso Ciudadano a elementos de una Canasta Normativa de Satisfactores Esenciales.

La legisladora indicó que con este esquema para finales de la década de los cincuenta, todas las personas que habiten en México podrán con el derecho humano a la existencia, garantizado mediante el ICU.

Sobre el financiamiento para financiar este apoyo, Damián González plantea aumentar la recaudación tributaria, resaltó que en el país se tiene uno de los niveles más bajos de captación fiscal, y además, dijo, hay una reducción de impuestos a la clase alta «por lo que es necesaria una reforma fiscal progresiva».

«Se propone eliminar las exenciones fiscales, aumentar la tributación a extracción de minerales o hidrocarburos, flujos monetarios y financieros, boletos de avión y automóviles de lujo, así como reducir el gasto militar», refirió.

Consideró que la primera etapa de implementación tendría un costo equivalente al 12 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), considerando que un punto del PIB es equivalente a 170 mil millones de pesos.

La también secretaria de la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, destacó que el establecimiento de esta reforma permitiría eliminar el clientelismo de los programas sociales, porque toda la sociedad gozaría de sus beneficios.

“Progresa, Oportunidades, Prospera, Seguro Popular, programas de ayuda a madres solteras, 65 y Más, son programas clientelares que a final de cuentas permiten a los partidos políticos comprar la conciencia y el voto.

El ICU sería un poderoso instrumento de cambio social y político para avanzar hacia la libertad, la autonomía y el respeto; impulsaría la estabilidad macroeconómica y ampliaría el acceso a mercados de trabajo, pues promovería la inversión productiva, mediante el desarrollo de competencias y capacidades de las personas», puntualizó.