Propone GPPRI prisión por matrimonio forzado

CIUDAD DE MÉXICO, 9 de noviembre de 2021.- La diputada federal del PRI Eufrosina Cruz Mendoza propuso adicionar un capítulo al Código Penal Federal sobre matrimonio forzado de menores en materia del Derecho Humano a una Vida Libre de Violencia, para castigar con prisión a quienes realicen o estén involucrados en estos actos.

Durante la sesión de este martes en la Cámara de Diputados, la legisladora priista señaló que los matrimonios forzados son el reflejo de la desigualdad, discriminación y desprotección que viven las mujeres indígenas, por lo que actos como este deben ser catalogados como un hecho grave y tener consecuencias como la prisión.

Por lo que, argumentó que su iniciativa propone que el matrimonio forzado de menores se sancione con pena privativa de libertad de dos a cinco años de prisión y multa de 200 a 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA); además, de imponer la misma pena privativa de libertad y multa a toda persona que auxilie e incite o sea testigo en la realización del ilícito.

Asimismo, detalló que este delito también lo comete toda persona que, mediante el uso de la fuerza física, engaño, privación de libertad u otra conducta ilícita, obligue a una menor de edad a contraer matrimonio, así como la entrega de pagos para lograr el consentimiento de la menor.

Al presentar iniciativa, Cruz Mendoza señaló que busca erradicar los matrimonios forzados de niñas y frenar esta violación a los derechos humanos, pues sostuvo que estas uniones son una forma de violencia y de esclavitud que se esconde en la tradición de los pueblos originarios bajo la ida romántica, dijo, de los usos y costumbres.

“Es una burda manipulación del derecho de las mujeres, especialmente de las niñas, a una vida libre de violencia. Es la historia de Angélica, la niña de la montaña de Guerrero, que la obligaron a casarse, se escapó y la encarcelaron por defender su libertad; la historia de Jacinta, en la ranchería de La Cañada, de Oaxaca, que sus hermanos la vendieron por 50 cartones de cerveza y 10 chivos.

La de Fátima, en Concepción Pápalo, que fue entregada por su padre por el pago de una deuda; la de Lucía, en la Mixteca Alta de Oaxaca, que fue robada por un hombre mayor que ella, así de absurdo es la vida y la realidad de nuestras niñas aquí en nuestro México”, aseveró.

Refirió su caso personal, donde, detalló que tuvo que escapar para no ser entregada en matrimonio, suerte con la que no corrieron su abuela, madre, hermana y tía; ante su historia de vida, resaltó la responsabilidad que ahora tiene ella y todos los legisladores para que este tipo de acciones tengan una consecuencia, pues, aseguró, no basta con cambiar la Constitución.

“Por eso esta reforma que hoy estoy proponiendo al Código Penal Federal de mi país, para que sea un delito grave, para que todos los involucrados en este hecho tenga una consecuencia, porque no es posible que el que compre o el que robe una vaca tenga conciencia, y el que venda y entregue a una niña, no tenga consecuencia”, reclamó enfáticamente.

Afirmó que los «abusos y costumbres» forman parte de una moralidad hipócrita, no solo de la sociedad en su conjunto sino del Estado mismo y de sus instituciones, que han ignorado el llanto, el miedo y la humillación de las mujeres que lo sufren, las cuales, aseveró, padecen cuatro discriminaciones: por ser mujeres, por ser pobres, por ser indígenas y por ser niñas».

Cruz Mendoza apuntó que los matrimonios forzados, son resultado del entrecruce de un sistema patriarcal hegemónico en las comunidades con la complicidad de las autoridades tradicionales, municipales, estatales y federales; y una situación en la que viven y crecen miles de niñas en las comunidades indígenas y aformexicanas de Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Guerrero, Tabasco y casi todo el sureste de México.

A la iniciativa de la priista, que fue turnada a la Comisión de Justicia para dictamen, se adhirieron legisladores de diferentes grupos parlamentarios, principalmente del PAN y PRD.