Proponen colaboración entre Sedesol y Sectur ante desperdicio de comida

CIUDAD DE MÉXICO, 18 de diciembre de 2017.- En el país se desperdicia el 37 por ciento de los alimentos que se producen, equivalente a más de 10 millones 431 mil toneladas de alimentos al año y que servirían para evitar el hambre que padecen más de 7 millones de mexicanos, quienes en su mayoría enfrentan situaciones de pobreza y pobreza extrema, afirmó la senadora Lisbeth Hernández Lecona.

Para evitarlo, la legisladora del PRI por el estado de Morelos propone una coordinación estrecha entre las secretarías de Turismo (Sectur) y de Desarrollo Social (Sedesol), a través de la implementación de programas con ese objetivo.

De acuerdo con un comunicado, Hernández Lecona dio a conocer al Pleno de la Cámara de Senadores una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se modifican diversas fracciones de los artículos 7, 58 y 62 de la Ley General de Turismo, en materia de desperdicio de alimentos en hoteles y restaurantes.

Urgió la necesidad de generar acciones que disminuyan el desperdicio y pérdida de alimentos para garantizar la seguridad alimentaria y combatir el hambre en México.

Explicó que el desperdicio o pérdida de alimentos significa la disminución de la masa de alimentos comestibles en la parte de la cadena de suministro que conduce específicamente a los alimentos comestibles para el consumo humano.

El problema se registra en las etapas de producción, poscosecha y procesamiento de la cadena de suministro de alimentos, así como las pérdidas de alimentos que ocurren al final de la cadena alimentaria y es lo que se conoce como desperdicio de alimentos, relacionado con el comportamiento de los vendedores minoristas y los consumidores.

Nuestro país, es el doceavo productor mundial de alimentos, ocupa el primer lugar como  exportador de café orgánico, es el principal exportador del sector agroalimentario del mundo en productos como cerveza, tomate, chiles y pimientos, además de sandía y papaya, entre otros.

La Sectur actualmente apoya el programa Al rescate que atiende a Grupos Vulnerables a través de la recuperación de alimentos en restaurantes y hoteles, el cual es operado en el país por Bancos de Alimentos de México, Bank of America Merrill Lynch y CMR desde 2014 y está integrado por 107 restaurantes.

Recientemente se sumó al programa la cadena de Hoteles Hilton de la Ciudad de México que donará comida a los Bancos de Alimentos para hacerla llegar a personas que la necesitan, mediante instituciones asistenciales del país.

Este modelo de asistencia social está basado en el exitoso modelo del Banco de Alimentos de Egipto, y cuyo lema es “Un plato pequeño para evitar el desperdicio”; en México la implementación de este programa ya ha beneficiado a 3 mil 884 personas en 16 estados, incluyendo la Ciudad de México.

En el programa de la Cruzada Nacional contra el Hambre se establece que una persona es pobre extrema alimentaria si: Su ingreso es menor a la línea de bienestar mínimo: El ingreso es tan bajo que, aun si lo dedicase por completo a la adquisición de alimentos, no cubría los nutrientes necesarios para tener una vida sana; y si tiene carencia por acceso a la alimentación o presenta 3 o más carencias sociales.

Al 2016, el 45.5 por ciento de Pobres Extremos Alimentarios (PEA) tenía 3 carencias sociales, el 37.7 por ciento cuatro carencias, el 14.5 por ciento cinco carencias y el 2.3 por ciento seis carencias. Lo cual representa que en total el 24.9 por ciento de la Población con Pobreza Extrema Alimentaria, tiene también carencia por acceso a servicios de salud.

Por entidad federativa, el porcentaje de la PEA para el 2016, reflejó que las entidades con mayor porcentaje son Oaxaca, Chiapas y Guerrero y las que presentan menor porcentaje, son Yucatán, Campeche y Guanajuato; siendo la media nacional de 17.6 por ciento.

A través de una estrategia de conjuntar esfuerzos entre la federación, los estados y municipios, así como de los sectores público, social y privado y de organismos e instituciones internacionales, se tienen contemplados diversos objetivos para combatir el hambre, y son los siguientes:

Cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada de las personas en pobreza multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentación; eliminar la desnutrición infantil aguda y mejorar los indicadores de peso y talla de la niñez; aumentar la producción de alimentos, el ingreso de los campesinos y pequeños productores agrícolas;

Así como minimizar las perdidas post-cosecha y de alimentos durante su almacenamiento, transporte, distribución y comercialización, y promover la participación comunitaria para la erradicación del hambre.

Para el mes de junio del presente año, la Cruzada Nacional contra el Hambre había atendido a 5 millones 438 mil 803 personas en pobreza extrema alimentaria, lo que representa un avance del 77.56 por ciento respecto de la meta sexenal de atender a 7.01 millones de personas.

Hernández Lecona señaló que lo anterior es un claro ejemplo para fomentar que ese tipo de iniciativas, que representan el entendimiento del gobierno con el sector privado, se fundamenten en la legislación para impulsar más programas y apoyos conjuntos que combatan el desperdicio de alimentos en Hoteles y restaurantes, con el fin de combatir el hambre en el país.

“Consideramos que con esta Iniciativa contribuiremos a que el Derecho Humano a la Alimentación alcance el más alto rango legal en el país y se cumpla con el Programa Latinoamericano y Caribeño de Erradicación del Hambre y la Pobreza, derivado de la aprobación en el 2015 del Plan para la Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), de cual nuestro país forma parte junto con 32 naciones”, dijo.

Su propuesta cuenta con el apoyo y firma de las también senadoras priístas: Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, Ma. Del Rocío Pineda Gochi, Hilda Ceballos Llerenas, Hilda Esthela Flores Escalera, María Verónica Martínez Espinoza y Carmen Dorantes Martínez.

Fue turnada a las Comisiones Unidas de Autosuficiencia Alimentaria y de Estudios Legislativos para su análisis y dictaminación correspondiente.