Proponen convenio de trabajo decente para empleadas domesticas

CIUDAD DE MÉXICO, 10 de diciembre de 2019.- El titular del Ejecutivo federal remitió al Senado de la República el Convenio 189 sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y Trabajadores Domésticos, adoptado en Ginebra el 16 de junio de 2011, para su posible ratificación.

El propósito de este instrumento internacional es garantizar la promoción y la protección efectivas de los derechos humanos de los trabajadores domésticos, para lo cual los Estados Parte deben adoptar medidas que garanticen la libertad de asociación sindical; el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva; la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio; la abolición efectiva del trabajo infantil, así como la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación.

El Convenio 189 prevé que los Estados Parte instrumenten medidas, de conformidad con la legislación nacional y teniendo en cuenta las características específicas del trabajo doméstico, para asegurar que estos trabajadores cuenten con la protección de la seguridad social, enfatizando que estas acciones pueden aplicarse de manera progresiva, en consulta con las organizaciones representativas de empleadores y trabajadores.

El documento turnado a las comisiones de Relaciones Exteriores y de Trabajo y Previsión Social refiere que, según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, en 2019 cerca de 2.5 millones de personas se dedican a este tipo de labores, 95 por ciento de ellas son mujeres, y su gran mayoría no gozan de seguridad social o de la protección de un mecanismo afín. Además, alrededor de 85 por ciento se ubica en un rango de edad que comprende entre los 25 y los 65 años, precisa.

En 2012, tras la adopción del Convenio 189, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social elaboró un dictamen, previa consulta con sus áreas internas; las autoridades laborales de las entidades federativas; las organizaciones de empleadores y trabajadores, así como organizaciones de la sociedad civil.

Dicho dictamen destaca la necesidad de realizar reformas legislativas, crear políticas públicas que incluyan campañas de sensibilización en los tres niveles de gobierno, y en su caso, garantizar la suficiencia de recursos a las autoridades competentes, a fin de estar en posibilidad de implementar la totalidad de las disposiciones de este instrumento internacional.