Avalan legisladores publicar de inmediato Ley General de Víctimas

presentado extemporáneamente.

El senador Leonel Godoy Rangel, del PRD, argumentó  que las observaciones del presidente, fueron planteadas a destiempo, por lo que pugnó porque se le diera continuidad al proceso jurídico-legal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

“El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática tiene una posición en este sentido, claramente, de que esta ley debe de publicarse, porque reitero en nuestra opinión las observaciones del presidente de la República son extemporáneas”, expuso.

Humberto Benítez Treviño, diputado del PRI y presidente de la  Comisión de Justicia, declaró que la Ley de Víctimas era ya un tema suficientemente discutido.

“Lo que no podemos permitir es que estemos en el limbo jurídico. Tenemos a las partes más sensibles del drama penal, desprotegidas por eso es que las víctimas fueron consideradas tanto por la cámara de origen, que fue la Cámara de Senadores que votó por unanimidad de votos y por la Cámara de Diputados que votó por unanimidad de votos esta ley, por lo tanto el tanto el Partido Revolucionario Institucional respalda al presidente del Senado en su exigencia para que se publique la Ley General de Víctimas del Delito”, señaló.

El 30 de abril pasado, el Congreso aprobó por unanimidad la Ley General de Víctimas. El presidente Felipe Calderón legalmente tenía 30 días hábiles para hacerle observaciones. Sin embargo, sus comentarios los envió a la Comisión Permanente el 1 de julio pasado.

En este lapso, el 29 de junio pasado el presidente del Senado, José González Morfín, se allanó a lo que la ley establece, de que si el Ejecutivo no le hacía observaciones al proyecto, debía ordenar su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El 4 de julio pasado, el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Gobernación, devolvió al Congreso de la Unión la Ley General de Víctimas, argumentando que la legislación presentaba algunas debilidades, como la de no precisar a nivel constitucional la responsabilidad de los tres órdenes de Gobierno en la atención a este colectivo.

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