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CIUDAD DE MÉXICO, 9 de octubre de 2026.- Desde Nurío, Michoacán, emblemática comunidad de la Meseta P’urhépecha, autoridades y representantes indígenas participaron en la Mesa de Trabajo sobre la Propuesta de Iniciativa de la Ley Indígena.
Lo anterior, convencidos de que la unidad, el respeto, el diálogo y el consenso son fundamentales para avanzar hacia la justicia, la dignidad y el pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas de México.
La jornada reunió a 51 autoridades y representantes de comunidades del Pueblo P’urhépecha provenientes de 16 municipios de Michoacán: Charapan, Cherán, Nahuatzen, Nuevo Parangaricutiro, Paracho, Uruapan, Coeneo, Erongarícuaro, Huiramba, Lagunillas, Pátzcuaro, Quiroga, Tingambato, Tzintzuntzan, Zacapu y Ziracuaretiro.

El encuentro constituyó un espacio de diálogo, reflexión y deliberación, orientado a escuchar y documentar las propuestas del Pueblo P’urhépecha sobre los derechos colectivos de los pueblos indígenas.
A través de sus intervenciones, las autoridades indígenas compartieron sus experiencias, necesidades y propuestas para contribuir a la construcción de la Iniciativa de Ley desde la perspectiva de sus comunidades.

Durante la mesa de trabajo se presentó el contenido general de la propuesta legislativa y se abrió un espacio de participación en el que las autoridades y representantes comunitarios expusieron sus opiniones, observaciones y planteamientos en torno a temas prioritarios, como la protección del territorio, el autogobierno, los sistemas normativos propios, la representación política, la justicia indígena, la preservación de las lenguas y culturas originarias, así como la participación de las mujeres indígenas.

En este encuentro, marcado por la participación activa de las autoridades y la expresión de sus voces y pensamientos, Octavio Ignacio Castillo, representante de Bienes Comunales de Nurío, reconoció el esfuerzo del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) por mantener el diálogo con las comunidades y procurar que las voces de los pueblos indígenas sean escuchadas durante el proceso de construcción de la iniciativa de ley.

Por su parte, la comunidad indígena de Nurío presentó formalmente un documento con observaciones y propuestas que establece tres ejes prioritarios: la protección, control y restitución del territorio, con respeto a los linderos históricos y reconocimiento de las guardias comunitarias; la creación de un Distrito Electoral Indígena P’urhépecha, que contemple las cuatro regiones históricas del pueblo y el establecimiento de un Distrito Judicial P’urhépecha, que reconozca la jurisdicción comunitaria y las resoluciones emitidas por sus autoridades.
La autoridad comunitaria destacó la importancia de que estos planteamientos sean considerados en la construcción de la Iniciativa de Ley, a fin de fortalecer el reconocimiento y el ejercicio efectivo de los derechos de los pueblos indígenas. Asimismo, subrayó la importancia de incorporar la palabra y el pensamiento de las comunidades en las disposiciones jurídicas que inciden en su vida colectiva.
A petición de la asamblea, el documento presentado por Nurío se incorporó al expediente de la consulta. Asimismo, se acordó que el INPI sistematizará las propuestas recibidas y las remitirá a las instancias competentes para su análisis. Como parte de los acuerdos, también se integró una Comisión de Seguimiento para dar continuidad a los planteamientos de la comunidad y garantizar su participación en las siguientes etapas del proceso.
Esta mesa de trabajo forma parte del proceso nacional de consulta impulsado por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, la Secretaría de Gobernación y el INPI, cuyo propósito es recabar las propuestas, observaciones y planteamientos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas respecto de la Propuesta de Iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.
Las aportaciones recabadas en las asambleas regionales y mesas de trabajo constituyen insumos fundamentales para la construcción colectiva de la propuesta legislativa. Mediante este proceso se busca recoger las voces de las comunidades, documentar sus planteamientos y contribuir al reconocimiento, la protección y el ejercicio pleno de sus derechos colectivos, con respeto a su libre determinación y a sus formas propias de organización.




