Que expliquen a la soberanía las razones de aprobación de ACTA

Ayer, la Segunda Comisión de la Comisión Permanente aprobó un punto de acuerdo, que será discutido y en su caso aprobado en la sesión de hoy de la Permanente, en el que se rechaza la firma por parte del Ejecutivo Federal de este acuerdo comercial, realizada por el embajador de México en Japón, el pasado 11 de julio.

Los senadores y diputados, en voz de la secretaria de este grupo de trabajo, la senadora Adriana González Carrillo, exhortaron al Ejecutivo Federal a que previo a la ratificación del ACTA, se establezcan algunas reservas comerciales para que en México no apliquen disposiciones que afecten derechos fundamentales, como pudiera ser el artículo 27  del acuerdo.

“La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a que realice las gestiones necesarias, a fin de que previamente a su ratificación se establezca una reserva de México al Acuerdo Comercial Anti-falsificación (ACTA), a efecto de que no se aplique en nuestro país el artículo 27 de dicho instrumento internacional, así como cualquier otra disposición que pueda afectar derechos fundamentales”.

El artículo 27  denominado de “observancia en el entorno digital”, a la letra dice:

“Una parte podrá establecer, conforme a sus leyes y reglamentos, que sus autoridades competentes están facultadas para ordenar a un proveedor de servicios en línea, que divulgue de forma expedita al titular de los derechos, es decir, al titular de los derechos de autor, de alguna imagen, de alguna obra, video, música, etcétera, información suficiente para identificar a un suscriptor cuya cuenta se presume fue utilizada para cometer una infracción, cuando dicho titular de los derechos haya presentado una reclamación con suficiente fundamento jurídico”.

En la exposición de motivos del proyecto presentado por los senadores del PRD, Francisco Javier Castellón Fonseca y Carlos Sotelo García y del PAN, Beatriz Zavala Peniche, se establece que el Ejecutivo no respetó lo dispuesto por la Ley sobre Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica.

Además, de que ignoró las conclusiones aprobadas el 6 de septiembre del año pasado por el pleno del Senado,  de no validar el acuerdo por tratarse de un instrumento que vulnera el orden constitucional mexicano al transgredir los derechos humanos contenidos en la propia Norma Fundamental y los  derivados del ámbito internacional.

En los resolutivos del punto de acuerdo, se reconoce la voluntad y el acuerdo entre naciones de preservar y defender los derechos de la propiedad intelectual y derechos de autor.

Pero, “considera que dichas acciones no deben dañar los derechos fundamentales de libertad de expresión, de prensa y de información”.

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