Rechaza FGR persecución a Ruffo: entró a empresa de huachicol en 2018

CIUDAD DE MÉXICO, 27 de julio de 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que la vinculación a proceso contra Ernesto Ruffo es resultado de una investigación tras el hallazgo de 33 ferrotanques abandonados, y la posterior identificación de una empresa en la que el exgobernador figuraba como accionista desde 2018.

A través de un comunicado, la FGR advirtió que dichas investigaciones son totalmente apegadas a derecho, sin ningún sesgo de otra índole, respetándose en todo momento el debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos humanos de las personas imputadas.

“Ernesto "N" no es perseguido por sus ideales o vínculos políticos, se le investiga por su probable participación en las conductas delictivas que hemos referido”, puntualizó.

El entramado de la más grande red de contrabando de hidrocarburos

De acuerdo con la FGR, la investigación tuvo origen en el hallazgo de 33 ferrotanques abandonados en Ramos Arizpe, Coahuila. Las condiciones en que se encontraban representaban un riesgo para la población y para la seguridad industrial, debido a las altas temperaturas y al desconocimiento sobre la naturaleza de la sustancia contenida en dichas unidades.

Como resultado, se practicaron inspecciones en campo, toma de muestras y dictámenes periciales para determinar el contenido de los ferrotanques, así como la implementación de medidas de seguridad y preservación de indicios.

Lejos de limitarse a la revisión de los ferrotanques localizados, la investigación se amplió hacia el análisis de la cadena logística completa del producto. Como resultado de estas diligencias, se identificaron otros ferrotanques relacionados con la misma operación en San Luis Potosí y Nuevo Laredo, que presentaban las mismas características de importación irregular, al haberse declarado únicamente el 10 por ciento de lo que realmente contenían, permitiéndose reconstruir gradualmente la ruta ferroviaria utilizada para el traslado del combustible. 

Lo que inicialmente parecía ser un hallazgo aislado evolucionó hacia la identificación de una operación logística de mayor dimensión, con puntos de recepción, almacenamiento y distribución en diversas entidades federativas.

El análisis de pedimentos, facturas, cartas porte, información ferroviaria y documentación corporativa permitió identificar a la importadora principal, una sociedad constituida en agosto de 2018 en la Ciudad de México. Inicialmente, la empresa fue constituida por José "N" y dos personas morales. 

La evolución corporativa de la empresa resultó particularmente relevante para la investigación. Dos meses después de su constitución, en una asamblea celebrada en octubre de 2018, Ernesto "N" inició su participación dentro de la estructura societaria, mediante su incorporación al capital variable de la empresa, fortaleciéndose su presencia dentro de la organización corporativa. 

De acuerdo con la investigación, para 2021, ya figuraba como accionista y fue designado Secretario del Consejo de Administración, participando junto con José "N" en la conducción, representación legal y toma de decisiones estratégicas de la sociedad. 

Asimismo, la investigación permitió advertir que tanto José "N" como Ernesto "N" comparecieron de manera conjunta en diversos actos corporativos, modificaciones societarias y otorgamiento de poderes, particularmente relacionados con actividades de administración, comercio exterior, gestiones ante autoridades fiscales y aduaneras, así como en la operación general de la empresa. 

“Fueron las propias investigaciones las que revelaron la posible participación de las personas que han sido vinculadas a proceso, lo que deja claro que no se trata de una persecución política”, indicó la FGR.

Paralelamente, se identificó que, durante los años siguientes, la empresa amplió su objeto social para incluir actividades directamente relacionadas con el almacenamiento, importación, exportación, transporte y manejo de hidrocarburos, así como la operación de terminales ferroviarias y servicios auxiliares vinculados al sector energético, elementos que posteriormente adquirieron relevancia dentro de la investigación.

Reiteró que, como resultado de esta labor se han integrado hasta este momento 96 datos de prueba, entre los que destacan dictámenes periciales en química, para determinar la naturaleza y características de los hidrocarburos asegurados; dictámenes en ingeniería mecánica y eléctrica, para establecer la capacidad real de los ferrotanques y los volúmenes efectivamente transportados; dictámenes en fotografía, para documentar técnicamente los hallazgos y actos de investigación realizados; dictámenes en criminalística, orientados a la fijación, preservación, análisis y correlación de los indicios localizados; y dictámenes de identificación, para conocer el tipo de hidrocarburo, ya sea gasolina o diésel.

De esta manera, la investigación evolucionó del hallazgo de ferrotanques aparentemente abandonados y potencialmente peligrosos, hasta la identificación de una estructura empresarial con capacidad de importación de hidrocarburos, operación ferroviaria especializada y una red logística de alcance interestatal. Esta evolución demuestra que los resultados obtenidos fueron producto de una investigación progresiva, técnica y de largo aliento, sustentada en trabajo de campo, análisis pericial, inteligencia financiera, revisión documental y coordinación interinstitucional. 

La FGR aclaró que si bien es cierto, hasta este momento se ha imputado un perjuicio fiscal de más de 100 millones de pesos derivado del contrabando realizado mediante 170 ferrotanques asegurados en julio de 2025; no obstante, del cruce de información entre la Agencia Nacional de Aduanas y el Servicio de Administración Tributaria se logró establecer la reiteración de más de cuatro mil operaciones irregulares durante el primer semestre de ese año, lo que podría ascender a más de cuatro mil millones de pesos de daño patrimonial a la nación, circunstancia que será debidamente acreditada en la investigación complementaria.

Por otra parte, señaló que el delito de delincuencia organizada, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, amerita prisión preventiva oficiosa. Es la Carta Magna la que establece que las personas imputadas por dicho ilícito no pueden seguir su proceso en libertad.