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CIUDAD DE MÉXICO, 5 de julio de 2017.- Organizaciones de derechos humanos y de seguridad alzaron la voz para pronunciarse en contra de una contrarreforma al sistema penal, en oposición a lo que han propuesto algunos actores políticos, entre ellos gobernadores de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).
Agrupados como JusticiaSinPretextos, el colectivo tiene entre sus integrantes a México Unido contra la Delincuencia (MUCD), el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), el Observatorio Nacional Ciudadano, Artículo 19, el Foro Nacional de Profesionistas de Michoacán, la Cámara de Comercio de Morelia, y Servicios y Asesoría para la Paz, entre otros.
“Desde hace algunos meses se escuchan voces de algunas autoridades en pro de una contrarreforma al sistema de justicia. Esto es sumamente preocupante porque no representan el ideal de un Estado democrático; más bien, constituyen un retroceso, al pretender reincorporar viejas prácticas que solapan la ineficiencia de las autoridades frente a un sistema con mayores estándares de investigación, protección y rendición de cuentas”, leyeron en un comunicado en la Escuela Libre de Derecho.
Desmontaron algunas de las justificaciones vertidas por gobernadores sobre por qué debe hacerse una contrarreforma. Consideraron que sea falso que el nuevo sistema sea una “puerta giratoria” para los delincuentes de primer ingreso en delitos menores.
“Éste ofrece soluciones más rápidas y sencillas, ya que la persona imputada sólo puede acceder una vez a este tipo de soluciones. En estas, la víctima tiene que estar de acuerdo y cuando acepta, la persona imputada repara el daño y cumple con una serie de condiciones”.
Pero además no se puede valuar lo que no se mide, planteó la especialista en sistema penal, Gabriela Ortiz.
«No conocemos números de delitos y cuántos son cometidos por personas armadas; se supone que si son detenidos por portación se les decomisa el arma, entonces ya no cometería otro delito», cuestionó.
Hay que darle oportunidad al sistema de que opere, es muy joven, dijo por su parte María Novoa, del Centro de Investigación y Desarrollo (Cidac).
Asimismo, pidió que sea evaluado pues apenas lleva un año.
«Tienes que dejar que funcione, se estabilice y ya después evaluar y hacer ajustes porque seguro los requiere pero no podemos hablar de ajustes sin evaluación».
Las organizaciones pidieron ser escuchadas por la Conago y dijeron que no han sido invitadas a foros de discusión del sistema penal.