Rechazan cañeros que impongan impuesto adicional a refrescos

CIUDAD DE MEXICO, 12 de diciembre, (Quadratín México).- La Unión Nacional de Cañeros expresó hoy su preocupación y rechazo a la iniciativa de reforma a la Ley de Impuestos Especiales sobre Producción y Servicios (IEPS), que impone un impuesto adicional del 20% a las aguas mineralizadas, refrescos, concentrados, polvos, jarabes esencias o extractos de sabores, promovida por la senadora panista Marcela Torres Peimbert.

Carlos Blackaller Ayala, presidente de la Unión Nacional de Cañeros de la CNPR precisó que esta medida no necesariamente evitará problemas de obesidad y diabetes en la población en México, ya que existen varios factores socio culturales que intervienen,

Por el contrario, indicó, pone en riesgo el patrimonio y el bienestar de alrededor de 12 millones de personas que viven en los 227 municipios cañeros, en 15 estados de la Republica, así como los 2.5 millones de empleos directos e indirectos que esta agroindustria genera en el país.

En un comunicado difundido este día, el dirigente convocó a los legisladores, para que rechacen dicha iniciativa y se evite mayor daño economico al agro nacional; los productores de caña, este ciclo enfrentan una caida de 30% en sus ingresos, que significan 8 mil millones de pesos que los mas de 170 mil cañeros no percibiran en su ingreso.

“Las señoras y señores Legisladores, debieran exigir al gobierno medidas que promuevan la actividad física, educación para un consumo responsable y una dieta equilibrada para todos los mexicanos”, agregó.

El líder de los cañeros de la CNPR, consideró imprudente la medida propuesta por la legisladora del PAN, ya que será muy difícil que los mexicanos dejen de consumir refrescos.

Consideró un gran riesgo de que apliquen el impuesto y en las zonas rurales del país en donde no hay un suministro adecuado de agua potable, la población de esas regiones continué manteniendo en mismo nivel de consumo de refrescos y se contribuya a un empobrecimiento mayor.

“No necesariamente se requiere imponer un gravamen especial, para que los Gobiernos ejecuten las obras de infraestructura para garantizar a la poblacion el acceso al agua potable con calidad para consumo humano”, agregó.

Blackaller Ayala, dijo que en caso de prosperar la iniciativa de la Senadora, la industria refresquera estaría en la disyuntiva de trasladar el costo del impuesto al consumidor o procurar insumos de precio inferior, que podrían acentuar el problema de la obesidad.

Ello, lo demuestran pruebas cientificas realizadas por la UNAM, donde el jarabe de fructosa o bien, los edulcorantes artificiales ocasiónan la acumulación de grasa en el organismo de los seres vivos.

Curiosamente la incidencia de la obesidad en los EEUU y en nuestro país, se encuentra ligada al inicio del uso del jarabe de fructosa de maíz, así como al uso de los alimentos llamados light, y por supuesto al mayor sedentarismo que hoy se observa en el ser humano.

“De acuerdo con nuestras estimaciones, ésta última opción significaría que la industria refresquera deje de utilizar alrededor de 500 mil toneladas de azúcar de caña para la elaboración de los refrescos”, lo que significaría una afectación a poco más del 9% de la producción nacional de caña de azúcar, con sus implicaciones socioeconómicas”, dijo.

Además considerando que el mercado del azúcar es superavitario, el riesgo es mayor aún.

Los datos de la Unión Nacional de Cañeros indican que el 9% de la producción de azúcar, representan alrededor de 5 millones de toneladas de caña de azúcar que tendrían problemas graves para ser comercializadas, volumen equivalente a la producción del Estado de Jalisco, que es el 2o productor nacional.

QMX/bo/grr