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CIUDAD DE MÉXICO, 14 de agosto de 2016.- La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) reconoció a la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia, todos de la Ciudad de México, por aceptar la Recomendación 05/2016 emitida por este organismo público autónomo el pasado 3 de junio, por violaciones a diversos derechos humanos.
La CDHDF detalló que se trató de detención y retención ilegales, negativa de defensa adecuada, incomunicación, injerencias arbitrarias en la declaración, trato contrario a la presunción de inocencia, afectaciones psicoemocionales y separación de la familia, en contra de Jesús Adrián Negrete Alamilla, Carla Marisol Coronel Ríos, Brenda Carolina Orozco Guzmán, José Daniel Ramírez y María Refugio Alamilla Alfaro.
La Recomendación documenta la comisión de actos violatorios de los derechos humanos a la libertad personal, al debido proceso, a la integridad personal, a la protección de la familia y al acceso a la justicia.
Con la aceptación del instrumento, la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México se comprometió a dar vista a la Dirección General de Inspección Policial y al Consejo de Honor y Justicia, a fin de investigar y en su caso, determinar la responsabilidad administrativa de servidores públicos; implementar un mecanismo de cumplimiento del Protocolo para la Detención de Probables Responsables en el Marco del Sistema Penal Acusatorio; diseñar e implementar un programa educativo en materia de libertad e integridad personal, debido proceso, acceso a la justicia y protección a la familia, dirigido a todo el personal que realiza labores policiacas, así como reparar integralmente el daño a las víctimas y a realizar un acto de reconocimiento de responsabilidad en favor de las personas agraviadas.
La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México se comprometió a iniciar una investigación en la Visitaduría Ministerial y, en su caso, dar vista a la autoridad competente para que investigue y deslinde responsabilidades.
También a elaborar e implementar un instrumento normativo interno que asegure el respeto de los principios constitucionales en el manejo de las detenciones por caso urgente; modificar, si es necesario, su programa de capacitación, a fin de incluir temas relacionados con la detención ilegal y sus efectos transversales; indemnizar y brindar atención psicológica a las víctimas, y a realizar un acto de reconocimiento de responsabilidad en favor de las personas agraviadas.
Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, como autoridad colaboradora, se comprometió a establecer los mecanismos de coordinación necesarios para garantizar el traslado oportuno de las personas imputadas que deben ser puestas a disposición de una autoridad jurisdiccional fuera de esta ciudad; y a implementar un programa educativo de derechos humanos en materia de control de detenciones.
En tal virtud, se reconoce a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Procuraduría General de Justicia y al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (éste último en calidad de autoridad colaboradora), por la aceptación de la Recomendación 05/2016, por lo que la Dirección Ejecutiva de Seguimiento de esta Comisión vigilará las acciones que las dependencias mencionadas realicen en cumplimiento al instrumento recomendatorio.