Reconoce Coparmex aprobación de Ley contra la extorsión

CIUDAD DE MÉXICO, 30 de noviembre de 2025.- La aprobación en el Congreso de la Unión de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión representa un avance necesario ante un delito que afecta la seguridad, la actividad productiva y la estabilidad social, consideró la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX).

"Hemos insistido en la urgencia de contar con un marco jurídico integral y uniforme para frenar su expansión, que hoy golpea con especial dureza a comercios, transportistas y a las micro, pequeñas y medianas empresas, MiPyMEs, del país", expresó la Coparmex en un comunicado.

A consideración del centro patronal, esta nueva Ley responde a una demanda ciudadana y empresarial para cerrar espacios a la impunidad y fortalecer la coordinación de todas las autoridades en el combate a una de las prácticas ilícitas de mayor impacto para las familias, las comunidades y el tejido productivo del país.

Problema innegable

En México, la dimensión del problema es innegable: Sin considerar la cifra negra de 97% de denuncias que no se hacen por miedo o desconfianza en las autoridades, los datos oficiales revelan que cada día 31.3 personas denuncian haber sufrido extorsión y, tan solo en 2024, este delito generó pérdidas superiores a 21 mil millones de pesos.

Estas cifras corresponden únicamente a los impactos económicos reportados por las víctimas en general —no se especifica por empresas o comercios— e incluyen pagos y gastos asociados derivados del delito, conforme a la metodología de la ENVIPE. 

"A través de #DataCOPARMEX, confirmamos que el 12.8% de nuestras Empresas socias han sido víctimas, principalmente mediante llamadas telefónicas (70.5%)", infomó.

Ante ello, este escenario condiciona las decisiones de inversión y crecimiento, dado que el 49.5% de nuestros afiliados considera que la inseguridad es el principal obstáculo para desarrollarse. Estas cifras obligan a una respuesta institucional profunda, coordinada y con resultados medibles.

"En COPARMEX consideramos que la promulgación de esta ley abre una oportunidad para el país y exige que el Gobierno Federal y los gobiernos estatales doten de recursos, capacidades técnicas e infraestructura institucional a todas las autoridades responsables", apuntó. 

A consideración de la Coparmex, para que la nueva Ley General pueda traducirse en resultados reales, son necesarias tres acciones indispensables: 

1. Garantizar presupuesto suficiente y etiquetado para todas las tareas derivadas de su implementación.
2. Capacitar a Policías, Fiscalías y Jueces para asegurar una aplicación correcta y efectiva del nuevo marco jurídico.
3. Sensibilizar a Gobernadores y Congresos locales para homologar cuanto antes sus legislaciones, de manera que la operación nacional sea coherente, coordinada y capaz de frenar un delito que hoy avanza sin límites.

La minuta incorpora progresos relevantes como el incremento de penalidades, donde las sanciones generales oscilan entre 15 y 20 años de prisión y pueden llegar hasta 30 años en casos agravados.

Es relevante la obligación de instalar inhibidores de señal y tecnologías de bloqueo en centros penitenciarios en un plazo máximo de 180 días hábiles.

"Desde la Confederación hemos reiterado que una parte significativa de las extorsiones se origina en estos espacios, por lo que esta disposición es indispensable para cortar de raíz una fuente persistente de intimidación y daño económico", acotó.