Reconoce PGR responsabilidad en desaparición de un persona

CIUDAD DE MÉXICO, 1 de octubre (Quadratín México).- La procuradora General de la República, Marisela Morales, encabezó hoy un evento en el que reconoció que funcionarios incurrieron en violaciones de los derechos humanos en la desaparición forzada de José Ángel  Gutiérrez Olvera hace 10 años.

El hombre fue detenido arbitrariamente, torturado y desaparecido el 14 de marzo de 2001, por policías de la entonces Agencia Federal de Investigación (AFI) y policías judiciales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), a lo cual durante años se negó reconocer el gobierno mexicano.

No fue sino hasta que se llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) que finalmente las autoridades mexicanas se vieron obligadas a reconocer su responsabilidad en el crimen contra Gutiérrez Olvera.

En el acto estuvo presente la madre del desaparecido.

“Le pido a la procuradora (Marisela Morales), que le eche ganas. ¡Quiero a mi hijo como esté; sé que lo mataron y lo fueron a enterrar a no sé dónde, pero lo quiero conmigo!”, expresó la señora Leonor Guadalupe Olvera.

El 14 de marzo de 2001, el hijo de doña Leonor fue llevado a las instalaciones de la PGR, donde pese a que se cuenta con declaraciones de testigos sobre su detención no existe registro oficial alguno de esa detención. Además existen testimonios sobre la tortura perpetrada durante su interrogatorio y de haber muerto durante su estancia en esas instalaciones.

La madre de la víctima lloró en el auditorio Digna Ochoa, en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), donde se efectuó el acto  donde familiares pidieron justicia a los representantes del gobierno federal.

“No me robaron una casa o un coche, se llevaron a mi hijo… Hoy 1 de octubre es el cumpleaños de mi hijo y llevó 10 años buscándolo en todos lados en los reclusorios, en los Semefos, en los hospitales, en todos los estados… No voy a descansar hasta yo saber dónde está mi hijo”, afirmó doña Guadalupe.

Y advirtió que “si a mí me llega a pasar algo o a mis hijos, responsabilizó a la PGR”.

El acto público, de reconocimiento de responsabilidad, se da en cumpliendo al convenio de solución amistosa celebrado entre el gobierno de México, familiares y representantes de la víctima el 4 de mayo pasado ante la CIDH de la OEA.

Hasta ahora solo Roberto Hernández, uno de los policías que participaron en el crimen, fue sentenciado, el 30 de julio de 2010, por desaparición forzada a 9 años, cuatros meses y quince días de prisión.

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