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CIUDAD DE MÉXICO, 7 de octubre de 2016.- El Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, envió a los nuevos gobernadores de Hidalgo y Zacatecas, Omar Fayad Meneses y Alejandro Tello Cristerna, respectivamente, sendos informes respecto del estado en que se encuentran los compromisos y obligaciones contraídos por los gobiernos de esas entidades federativas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a partir de los expedientes de queja y las recomendaciones recibidas, así como de la aceptación de las mismas.
“El objetivo es el establecer un puente de comunicación y colaboración que dé lugar a buscar conjuntamente las mejores vías para el cumplimiento satisfactorio a las quejas recibidas y a las recomendaciones emitidas, cuyo cumplimiento abonará a la deuda de justicia frente a las personas que han sufrido vulneración de sus derechos humanos, ya que nuestro deber para con ellas no se colma mientras no se restituyan en su goce y ejercicio, se reparen los daños y se hubieren tomado las medidas que garanticen su no repetición, entre otras decisiones”, subrayó, de acuerdo con un comunicado.
Tras recordarles que las recomendaciones adquieren obligatoriedad cuando son aceptadas por las autoridades a las que se dirigen, les señala que su cumplimiento constituye una responsabilidad institucional para contribuir en la reparación de los daños que sufren las personas cuando se infringen sus derechos, y que en la forma en que se atiendan se mostrará el compromiso con los derechos humanos.
Les hizo saber que, en el ámbito de competencia de la CNDH, está el proponer a las diversas autoridades cambios y modificaciones de disposiciones legislativas y reglamentarias, así como de prácticas administrativas, que a juicio de este Organismo autónomo redunden en una mejor protección de los derechos humanos, y en tal sentido les reiteró que las recomendaciones generales son el instrumento utilizado para atender dicha atribución y los invitó a consultarlas y atender e implementar, en su caso, los puntos recomendatorios en ellas expresados.
González Pérez puntualizó al Gobernador de Zacatecas la atribución constitucional de la CNDH para promover acciones de inconstitucionalidad a fin de plantear la posible contradicción entre leyes de carácter federal o de las entidades federativas, así como en tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, como es el caso de la Acción de inconstitucionalidad 23/2015, contra el artículo 2° de la Ley para Prevenir, Atender, Combatir y Erradicar la Trata de Personas en el Estado de Zacatecas, por estimarse que invade la competencia exclusiva del Congreso de la Unión prevista en el artículo 73 fracción XXI inciso a) de la Constitución Federal.