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Interpol traslada a El Chato, objetivo prioritario del FBI, a CDMX
CIUDAD DE MÉXICO, 23 de agosto de 2017.- Amnistía Internacional, Articulo 19 y Fundación para la Justicia recordaron los 7 años de la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas.
Carolina Jiménez, de Amnistía Internacional calificó la masacre como una historia de horror.
La activista criticó que a 7 años aún falten 10 restos por identificar y que además familiares de cuerpos entregados tengan dudas sobre si realmente recibieron a sus seres queridos.
También lamentó que los familiares, algunos de los cuales son de países centroamericanos como El Salvador o Guatemala, no tengan acceso a los expedientes del caso, en un país como México, que cuenta con leyes de transparencia y acceso a la información.
Agregó que el Estado mexicano actúa con hipocresía, al decir en foros internacionales que se preocupa por el respeto de los derechos de los migrantes, pero solo lo hace por los de su país.
Por su parte Ana Cristina Ruelas, de Artículo 19, recordó que desde antes de la masacre y el hallazgo el mismo año de 193 cuerpos en el mismo municipio, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ya había alertado que en esa ruta se registraban agresiones contra migrantes, por lo que el Estado no puede decir que hubo sorpresa por los hechos ocurridos.
Por ello demandó investigar cuáles fueron las acciones u omisiones del Estado, para evitar que ocurriera la masacre, y cuáles son las garantías del mismo Estado para que no vuelva a ocurrir.
Por su parte Lorena Delgadillo, de la Fundación para la Justicia dijo que ellos y Artículo 19 promovieron dos amparos para tener acceso a las averiguaciones previas y esperan que el 22 de septiembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) los resuelva.
Añadió que los amparos son también contra la CNDH porque de su investigación no hay una línea que incluya la posible participación de agentes del Estado en la masacre y piden que la SCJN se pronuncie sobre si la Comisión violó garantías del debido proceso.
En el evento estuvo también Jesús Peña, de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU, quien expresó que la búsqueda de la verdad corresponde al Estado.
«El derecho a la verdad es investigar y dar a conocerla a la sociedad», manifestó.
Al evento, realizado en el Museo Memoria y Tolerancia, acudieron algunos familiares de los migrantes víctimas de la masacre. Una de ellas, Glenda, llegó desde Guatemala, y relató que su padre y dos hermanos murieron en San Fernando.
Informó que esta tarde irán a la Procuraduría General de la República y resumió así sus peticiones: verdad, justicia y derecho a la reparación del daño.