Reducir a tres meses transición presidencial, propone el PRI

Carlos Jiménez Macías, senador del PRI, expuso que con esta iniciativa se pretende eliminar todos los riesgos que implican la existencia de un vacío de poder que se produce durante un periodo en el que nadie gobierna a plenitud, por lo que se daría mayor legitimidad, seguridad y certeza jurídica, económica, política y social a la ciudadanía.

En la exposición de motivos de la iniciativa, se resalta que la institución presidencial funciona con procedimientos caducos, ambiguos y obsoletos que deben ser corregidos, pues no están acordes a las necesidades de estos tiempos y al ritmo que la sociedad demanda para el óptimo desempeño y consecuente progreso de nuestra nación.

La reforma permitiría a la administración federal entrante echar a andar de inmediato los planes y proyectos propuestos en campaña, y el nuevo gobierno y el país entero tendrían la oportunidad de acelerar los procesos de cambio, con el propósito de llevar a México a la dinámica con la que se desarrolla el mundo actual.

Jiménez Macías, dijo que cada seis años, durante el tiempo en que se da la transición, se han generado eventos desafortunados que han provocado grandes costos políticos, económicos y sociales al país.

Subrayó que por la naturaleza de la iniciativa, los cambios propuestos se tendrían que aplicar al periodo 2018 al 2024.

“Esa presidencia por única ocasión, tendría una duración de 5 años 9 meses, pues iniciaría su gestión el primero de diciembre de 2018, pero con esta reforma concluiría la misma el 31 de agosto de 2024 para así dar posesión al nuevo titular del Ejecutivo Federal el primero  de septiembre de 2024”, destacó.

En opinión del senador por San Luis Potosí, acortar el tiempo de transición significa una ganancia de tres meses muy valiosos para la construcción a conciencia del país que queremos, y se ahorrarían recursos considerables del erario federal que podrían ascender a 150 millones de pesos.

La iniciativa que reforma el artículo 83 de la Constitución Política, se turnó a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado.

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