REFORMA 262: El cuento inagotable

La reducción de las penas en cuanto a los delitos pandilleros cometidos bajo el capuchón del activismo político anarquizante ha dejado inerme a la ciudad. Cuando se debió haber endurecido el código, se decidió abandonarlo.

Como si no fuera suficiente con la violencia de los grupos organizados o no de la delincuencia activa (sustituyamos el adjetivo incómodo) por lo menos dos veces al año la ciudad se postra a los pies de los manifestantes más primitivos –los autodenominados anarquistas—, quienes hallan en las fechas emblemáticas de la industria de la protesta, motivo y ocasión para desmanes infinitos.

Por eso la siguiente información, generada desde la agencia estatal de noticias, Notimex, puede ser utilizada, si la textura del Pipsa Diario no incomoda, como papel sanitario:

“Un total de 22 personas (19 hombres y tres mujeres) fueron detenidas luego de agredir a granaderos durante la marcha de este lunes en conmemoración de la matanza del 10 de junio de 1971, informó la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) y la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF).

“Después de más de una hora de agresiones por un grupo autodenominado anarquista, que les lanzó todo tipo de proyectiles, los uniformados entraron en acción y arrestaron a 16 personas.

“Los detenidos, que fueron presentados ante el Ministerio Público de la 50 Agencia Investigadora, dijeron pertenecer a la Federación de Anarquistas, Alianza Anarquista Revolucionaria, Coordinadora de Estudiantes Anarquistas y la Cruz Negra Anarquista, entre otros grupos.

“De acuerdo con la SSPDF, algunos empleados del Gobierno del Distrito Federal fueron retenidos y golpeados por los inculpados, pero fueron rescatados por la policía”.

“Sin embargo, la dependencia capitalina no reportó ningún lesionado por los hechos”.

“Luego de las detenciones de anarquistas, los diferentes grupos estudiantiles y de la sociedad civil que llevaron a cabo la marcha de forma pacífica se dispersaron en el Zócalo tras terminar su mitin”.

Como todos sabemos los detenidos no lo serán por mucho tiempo, sus castigos (si a eso se le puede llamar tal) serán nimios, y hasta simbólicos, no de la capacidad punitiva del gobierno sino de la infinita tolerancia ante cualquier asomo de “protesta social”; raíz e identidad de los pretextos sin fin.

La circunstancia tolerante no es un recurso político nada más. No se trata de permitir la libre actuación de grupos afines (al menos teóricamente) con la “ideología” de la izquierda. Ahora ya es una abierta condición jurídica: a partir de diciembre del año pasado, como todos sabemos, la docilidad legislativa obliga al gobierno a doblar las manos.

La reducción de las penas en cuanto a los delitos pandilleros cometidos bajo el capuchón del activismo político anarquizante ha dejado inerme a la ciudad. Cuando se debió haber endurecido el código, se decidió abandonarlo.

Esto, por cierto, choca abiertamente con el contenido de la iniciativa jurídica presentada apenas el miércoles anterior en la Cámara de Diputados para englobar la definición del terrorismo y prevenir, con la dureza del castigo, el financiamiento de actividades contra la seguridad del Estado mediante el lavado de dinero.

Ya en la Cámara federal los izquierdistas (o sus clientelas) se encargarán de denunciar la iniciativa como un intento de “criminalizar” la protesta social, marca registrada en el principal producto de la ya dicha industria de la queja, la protesta, la marcha, el plantón, similares y conexos de la RM.

Pero mientras se criminaliza o no a los activistas ocupantes de carreteras, incendiarios o “lanzallamas” contra los inermes granaderos, injustamente expuesto a lesiones por la orden de no actuar y convertirse en “punching  bags” de los vándalos, la demagogia sigue su camino:

Ya nos dice el señor delegado en Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, como puede seguir los pasos de la benemérita universidad nacional, pues si esta hizo su “memorial” en el abandonado edificio de la cancillería tlatelolca, él quiere gastarse la bicoca de tres millones de dólares (y luego chillan por los magros presupuestos) para comprar el destruido cine Cosmos (propiedad original de Jesús Grovas  y socios, por cierto) y establecer ahí el santuario de los mártires de San Cosme, aquellos golpeados o muertos por los “Halcones”.

Obviamente el dispendio delegacional quedaría justificado bajo otro de los eternos disfraces de la izquierda: crear un centro cultural. Con ese mismo pretexto, el de la cultura, se han dilapidado millones y millones en inversiones faraónicas (la Ciudad del Cine, la Ciudad de los Libros, la Biblioteca Vasconcelos, etc.) sin conocerse hasta ahora mejoría en el analfabetismo básico de la mayoría de los mexicanos.

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QMX/rc