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Un policía y 4 civiles lesionados, saldo de enfrentamiento en Uruapan
CIUDAD DE MÉXICO, 2 de julio de 2024.- La reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) no sólo implica la modificación de los derechos laborales de más de 50 mil servidores públicos que lo integran, sino poner en el centro a los justiciables y la efectiva protección de los derechos humanos, señaló el magistrado del Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito del CJF, Juan Pablo Gómez Fierro.
En tercer foro nacional para ampliar el diálogo de la reforma al Poder Judicial con los sectores, subrayó que el ejercicio de recursos debe tener como objetivo principal hacer más eficiente la función judicial, que no se comprometan las garantías de independencia, competencia e imparcialidad necesarias para que los operadores de justicia cumplan con los deberes que le son encomendados.
La austeridad puede adecuarse sin poner en riesgo la estabilidad laboral, los derechos de los trabajadores, así como la legitimidad e independencia judicial; cualquier asignación presupuestal debe tener como base la evidencia sin poner en riesgo las funciones que desarrolle el Poder Judicial, como también garantizar los derechos laborales de su personal, fomentar el desarrollo de la carrera judicial y de la defensoría de oficio”, manifestó.
Por su parte, el presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal, del Segundo Circuito, Ricardo Garduño Pasten, señaló que existe un reclamo por la tardanza y falta de efectividad en la impartición de justicia, los juzgadores no crearon los tribunales ni distribuyen las cargas de trabajo; por ello, hacen lo que pueden junto con el personal que trabaja jornadas extenuantes, llegando a estar “ahogados de casos”, por lo que sugirió mayor inversión en órganos jurisdiccionales y no en órganos administrativos.
Respecto a quienes integran la carrera judicial, lamentó que a los de la “talacha nos tocan las amenazas y atentados del crimen organizado, juzgadores han sido privados de la vida de forma violenta, de ahí la necesidad de salvaguardar los fideicomisos relacionados a los derechos laborales”.