Reforma al PJF no corrige problemas estructurales: BMA

CIUDAD DE MÉXICO, 25 de mayo de 2026.- La Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA) expresó su preocupación respecto de la iniciativa de reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación, presentada por el Ejecutivo Federal, al considerar que dicha propuesta no corrige los problemas estructurales derivados de la reforma judicial aprobada en 2024.

Por el contrario, profundiza la incertidumbre institucional, económica y jurídica que actualmente enfrenta el país, enfatizó la Barra en un posicionamiento público.

Agregó que el aplazamiento al año 2028 de la segunda parte de la Reforma Judicial es necesario, pero debe venir acompañado de una política pública de favorecer a los candidatos con preparación y experiencia sobre los que no lo tengan, cosa que no toca la iniciativa.

A consideración de la Barra, la función jurisdiccional constituye una de las tareas más complejas y especializadas del Estado.

Subrayó que los cargos de jueces y magistrados exigen preparación técnica, independencia, experiencia judicial y un conocimiento profundo de la ciencia del Derecho.

No obstante, la iniciativa presentada omite atender este problema de fondo continuando con la sustitución progresiva de un sistema de carrera judicial basado en mérito, exámenes, experiencia y especialización por una que contempla mecanismos que privilegian factores ajenos a la capacidad técnica indispensable para impartir justicia.

Impartir justicia no es representación política

Para la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, se ha argumentado que el cambio produce legitimidad democrática, sin embargo, la impartición de justicia no puede equipararse a un ejercicio de representación política.

Un juez constitucional o un magistrado federal no son ni pueden ser delegados de intereses mayoritarios ni operadores políticos; son garantes de la Constitución, de los derechos fundamentales y de la estabilidad jurídica del Estado", cita el posicionamiento.

Añadió que debilitar los estándares técnicos de integración del Poder Judicial compromete inevitablemente la calidad y temporalidad de las resoluciones judiciales y erosiona la confianza en las instituciones.

La Barra Mexicana advirtió que la incertidumbre derivada de las modificaciones al sistema judicial ha contribuido al deterioro de la percepción de seguridad jurídica en México, afectando negativamente las condiciones para la inversión nacional y extranjera.

Ninguna economía moderna puede sostener niveles adecuados de crecimiento cuando los inversionistas carecen de confianza en tribunales al dejar de ser independientes, técnicamente competentes y capaces de resolver controversias conforme a derecho.

Finalmente, considera indispensable subrayar que la legitimidad democrática de los jueces no deriva de su popularidad electoral, sino de su independencia, imparcialidad, capacidad técnica y sujeción estricta al orden constitucional.