Reforma Buen Gobierno reglas de contenido en compras públicas

CIUDAD DE MÉXICO, 29 de enero de 2026.- La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno reformó las reglas que regulan la manera en que se mide, acredita y verifica el contenido nacional en las compras públicas.

Con el objetivo de aprovechar el poder de compra del Estado como una palanca estratégica para impulsar el desarrollo de la industria nacional, fortalecer las cadenas productivas internas y promover una prosperidad compartida en el marco del Plan México.

Este jueves, en el Diario Oficial de la Federación, edición vespertina, se publicó el Acuerdo por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las Reglas para la determinación, acreditación y verificación del contenido nacional de los bienes que se ofertan y entregan en los procedimientos de contratación.

Así como para la aplicación del requisito de contenido nacional en la contratación de obras públicas, que celebren las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 14 de octubre de 2010 y su reforma del 11 de agosto de 2025.}

Dicho Acuerdo es resultado de un proceso de construcción participativa, que incluyó mesas de diálogo con industrias proveedoras del Gobierno de México, como los sectores textil y de dispositivos médicos, entre otros.

Este ejercicio permitió comprender las particularidades, retos y estructuras productivas de cada sector, y diseñar reglas realistas, evitando una regulación construida desde el escritorio y privilegiando un enfoque basado en evidencia”, detalló la Secretaría, en un comunicado.

Transformación

El Acuerdo tiene como finalidad transformar las compras públicas en un instrumento efectivo de política industrial, bajo reglas claras, verificables y orientadas al desarrollo nacional, mediante las siguientes acciones:

• Nueva metodología para medir el contenido nacional

Se establece una nueva metodología para medir el contenido nacional en los procedimientos de adquisición de bienes de carácter nacional. El contenido nacional ahora se calculará con base en el costo neto de producción, y no en el precio de venta, con el propósito de incentivar la participación de fabricantes nacionales, incluyendo cooperativas y pequeñas empresas en las cadenas de proveeduría del Gobierno de México.

Esta medida permite que el poder de compra del Estado favorezca una mayor integración productiva nacional y fortalezca el desarrollo de capacidades industriales en el país.

• Mecanismos claros de acreditación del contenido nacional

Los proveedores adjudicados deberán presentar información y documentación para comprobar el porcentaje de contenido nacional manifestado en sus proposiciones. Con ello, se transparentan las compras públicas y se garantiza que los bienes adquiridos cumplan con un contenido nacional mínimo del 65 por ciento, asegurando que el beneficio de la contratación pública se refleje efectivamente en la economía nacional.

• Verificación efectiva y combate a la simulación

Se fortalecen los mecanismos de verificación del contenido nacional mediante acciones coordinadas entre la Unidad de Contrataciones Públicas y los Órganos Internos de Control, a fin de dar seguimiento puntual a los procedimientos de carácter nacional y evitar simulaciones en perjuicio de los fabricantes nacionales.

Asimismo, se incorporan mejores prácticas para la verificación, incluyendo la posibilidad de considerar el consumo de energía eléctrica y agua en las plantas industriales como medio para acreditar la producción de bienes en territorio nacional. Se sancionará a quienes obtengan contratos sin acreditar debidamente el porcentaje de contenido nacional.

Con estas reformas, el contenido nacional deja de ser un enunciado declarativo y se convierte, por primera vez, en una obligación real, verificable y exigible.

• Capacitación para una implementación efectiva

Para facilitar la correcta aplicación de la nueva metodología de cálculo y de las obligaciones de acreditación, las reformas entrarán en vigor el 1 de enero de 2027.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno iniciará un proceso de capacitación y acompañamiento dirigido tanto a proveedores como a servidoras y servidores públicos, con el objetivo de asegurar una implementación adecuada y transparente de las nuevas reglas.

De este modo, el fortalecimiento de la industria nacional se logrará sin sacrificar, en ningún momento, la eficiencia del gasto público ni las mejores condiciones de contratación para el Estado.