Reforma penal fiscal desactivó grupos criminales de outsourcing: SHCP

CIUDAD DE MÉXICO, 7 de octubre de 2021.- El procurador Fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Carlos Romero, afirmó que, con la reforma penal fiscal avalada en la legislatura pasada en la Cámara de Diputados, se desactivó a grupos criminales de factureros y los dedicados a la subcontratación de trabajadores.

Lo anterior, al asistir a la Cámara de Diputados, donde sostuvo una reunión con los legisladores integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para analizar el Paquete Económico 2022, ante quienes destacó la importancia de dicha reforma, pues, reiteró, se desactivó al grupo criminal más importante de subcontratación que tenía cerca de 200 mil trabajadores en su nómina.

Romero Aranda señaló que se ha podido llegar hasta las cabezas de dichas organizaciones; detalló que se presentaron 42 denuncias contra los grupos factureros más importantes del país y se preparan 100 querellas contra las personas que han consumido esas facturas o han recibido asimilables a salarios.

“Tenemos órdenes de aprehensión contra los grupos de outsourcing y factureros más importantes del país, el perfil que manejaban las personas que realizaban estas actividades era de muy alto nivel económico y con grandes fortunas, pero finalmente son delincuentes de cuello blanco.

“(…) Han sido de las reformas estructurales más benéficas que ha tenido el país en este periodo, incluida la de outsourcing, se le reconoce al Congreso de la Unión”, sostuvo.

Destacó que, al eliminarse el outsourcing o subcontratación cerca de dos millones 900 mil trabajadores han migrado a empresas reales donde tributan con salarios reales que se han incrementado entre 10 y 15 por ciento.

El funcionario federal detalló que se calculaba que había 4 cuatro millones 700 mil trabajadores en esa condición de subcontratación, es decir, 40 por ciento de la plantilla laboral del país, que estaban contratados por cerca de siete mil 500 empresas, de las cuales sólo 900 tenían registro ante la Secretaría del Trabajo, de éstas, sólo 100 tenían registro patronal ante el IMSS y de esas 100, sólo 40 pagaban impuestos.

Explicó que se cuenta con un régimen de excepción para perseguir el delito de delincuencia organizada, el registrar domicilios en zonas de alta marginación y contratar a personas con necesidad económica, para saber cómo se mueve el grupo, tener escuchas e infiltrados y cómo operan el dinero, a través de cateos, con criterios de oportunidad llegando al contador, proceso que ha permitido llegar a las cabezas más importantes.

“La política criminal fiscal que se ha llevado a cabo incluye la persecución de delitos de grandes contribuyentes, los medios alternos de controversias penales y permitió presentar querellas el año anterior contra grandes corporaciones que habían omitido el pago de contribuciones, cometiendo el delito de defraudación y se firmaron acuerdos reparatorios” explicó.

Dejó en claro que el régimen de delincuencia organizada no es para contribuyentes, sino para grupos criminales dedicados a defraudar con empresas que evitan el pago de impuestos; en ese sentido, refirió que se han interpuesto en lo que va del sexenio cerca de 570 querellas por delitos fiscales que implican un daño mayor a 20 mil millones de pesos en contra del fisco federal.

Y sin mencionar nombres, Carlos Romero, dijo que estos casos incluyen a factureros, políticos corruptos, empresarios evasores y contra las mismas empresas que ya pueden ser perseguidas penalmente cuando el delito se comete a su nombre en su beneficio.

Indicó que se ha logrado la vinculación a proceso en más de 100 casos por delitos fiscales que representan más de dos mil millones de pesos con daño al erario, mientras que en delito financiero, señaló, se han detectado más de 50 asuntos relacionados con centros cambiarios que operan sin registro, así como Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo que realizan operaciones de manera irregular.

También indicó que se tienen más de 190 sentencias condenatorias por montos de más de dos mil 600 millones de pesos; se emitieron auto de formal prisión con un monto de 800 millones de pesos y se cumplimentaron más de 100 órdenes de aprehensión.

“No más simulaciones, el daño al fisco y a los trabajadores ha sido inmenso, tenemos la convicción de combatir las prácticas ilegales en una clara competencia desleal con los empresarios honestos que cumplen sus obligaciones. Estas reformas han hecho que haya un piso parejo”, puntualizó.