Publica DOF reformas en materia de bienestar; entran en vigor este martes
CIUDAD DE MÉXICO, 22 de noviembre de 2018.- Con el voto en contra del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, el Pleno del Senado de la República aprobó en lo general el dictamen que reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la cual adecúa la estructura institucional del gobierno entrante de Andrés Manuel López Obrador.
A nueve días de la transición, luego de cuatro horas de discusión en sesión de este jueves, la mayoría de 72 votos de Morena, PT, Encuentro Social y PVEM, contra 46 y cero abstenciones, avaló la propuesta que restan facultades a la Secretaría de Gobernación (Segob), crea a la Secretaría de Seguridad Pública, establece la figura de los llamados súper delegados.
Además, convierte la Secretaría de Desarrollo Social en la de Bienestar, entre otras atribuciones de fiscalización que se concentran en el Ejecutivo federal y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como el controversial apartado que busca que los medios de comunicación pasen a ser oficiales, operados por la Segob.
El dictamen fue aprobado con 100 reservas, entre ellas las presentadas por los senadores de Morena, Ricardo Monreal Ávila, Olga Sánchez Cordero y Cristóbal Arias, por lo que se prevé modificaciones al proyecto de decreto.
La propuesta transfiere a la nueva Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana facultades de seguridad, protección civil y de inteligencia en materia delictiva, que eran competencia de la Segob.
La nueva Secretaría de Seguridad tendrá facultades de coadyuvancia con los estados y municipios, en un esquema similar al mando único policial.
Con ello también desaparecería el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) para dar paso al nuevo Centro Nacional de Inteligencia con funciones la operación del Sistema Nacional de Protección Civil, entre otras.
Disposiciones
Entre las diversas disposiciones relacionadas con la estructura y el funcionamiento de la Administración Pública Federal sustituye el término de Procurador General de la República por el de Fiscal General de la República.
Establece las funciones de la Oficina de la Presidencia le corresponde como las de definir las políticas de informática, tecnologías de la información y la comunicación, gobierno digital del gobierno federal.
La nueva Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana deberá formular y ejecutar políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la Nación y de sus habitantes.
Propone al Ejecutivo federal la política criminal y las medidas que garanticen la congruencia de ésta entre las dependencias de la Administración Pública, así como coadyuvar a la prevención del delito.
También ejerce el mando sobre la fuerza pública para proteger a la población ante todo tipo de amenazas riesgos, con plena sujeción a los derechos humanos y libertades fundamentales; salvaguardar la integridad y los derechos de las personas; así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos.