Reitera Federación sanciones por casos Ayotzinapa, Tanhuato y Tlatlaya

CIUDAD DE MÉXICO, 20 de enero de 2018.-  El Gobierno de México reiteró su compromiso para garantizar la protección de los derechos humanos en todo el territorio nacional.

Además, aseguró que se continúan las investigaciones para el esclarecimiento de los hechos en casos como Ayotzinapa, Tanhuato y Tlatlaya.

Las secretarías de Gobernación (Segob) y de Relaciones Exteriores (SRE), así como la Procuraduría General de la República (PGR) respondieron este sábado al Informe Anual de la organización Human Rights Watch, por lo que afirmaron que la Federación está comprometida con la protección de los derechos humanos.

Al señalar que las autoridades de todos los niveles han trabajado y continuarán trabajando para garantizar el goce pleno y efectivo de los derechos humanos en todo el país, el gobierno reconoció que existen desafíos importantes para alcanzar ese objetivo, por diversos factores internos y externos a nuestro país.

Recordó que el 16 de enero de 2018 entró en vigor la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, cuyas disposiciones han incorporado los estándares internacionales más altos. La redacción de la Ley se basó en un proceso de consultas con organizaciones de la sociedad civil y gobiernos estatales, y se contó con la asistencia del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (OACNUDH).

«El Estado mexicano está plenamente comprometido con el esclarecimiento del caso Ayotzinapa, la continuidad de las investigaciones, la sanción de los responsables y la protección de los derechos de las víctimas. Por ello, continúa colaborando con el mecanismo de seguimiento de la CIDH, y con los familiares de las víctimas y sus representantes. El 95 por ciento de las 941 peticiones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) han sido abordadas de manera efectiva».

«Se reitera el sólido compromiso de esclarecimiento y la sanción a los responsables de los hechos en el caso Tanhuato, para el que se cuenta con investigaciones, personas detenidas y procesadas. Existe el compromiso total con la reparación a las víctimas y la no repetición de sucesos similares», sostuvo.

Por lo que hace al caso de Tlatlaya, indicó que se llevaron a cabo las investigaciones por parte de la autoridad ministerial y con plenitud de autonomía el Poder Judicial Federal resolvió conforme a derecho sobre el particular, respetando y garantizando los derechos humanos de los inculpados, víctimas u ofendidos.

Afirmó que las instituciones que conforman el gobierno de México han instrumentado políticas públicas que incluyen acuerdos, lineamientos y capacitaciones, para regular el uso de la fuerza en todos los niveles, lo cual se refleja en la reducción de las quejas interpuestas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y de las recomendaciones emitidas por ésta.

«En particular, en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos existió una reducción del 76 por ciento en el número de quejas en el año 2017, en comparación con el año 2012 (último año de la administración pasada), ello aunado al hecho de que nuestras Fuerzas Armadas continúan siendo las instituciones de mayor prestigio en la opinión pública mexicana. También se han instrumentado cambios estructurales e institucionales para abatir la impunidad y perseguir las violaciones a derechos humanos, a través de la creación de unidades especializadas en la PGR».

Rechazó y condenó tajantemente todo acto de tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, en general y en el marco de las investigaciones. La Ley General en la materia entró en vigor el 27 de junio de 2017 en todo el territorio nacional, sustituyendo a la ley federal y las leyes estatales.

El gobierno de México agradeció el interés de Human Rights Watch por el respeto a los derechos humanos en todo el mundo; y reconoció las observaciones tanto de ésta como de otras organizaciones de la sociedad civil, reiterando el compromiso institucional, irrestricto e ineludible, por continuar trabajando en la promoción, protección y defensa de los derechos humanos.