Religión y formación electoral/Felipe de J. Monroy*

No es novedad que las instituciones religiosas en México suelen ofrecer orientación y espacios de formación cívica y democrática frente a jornadas electorales importantes en el país; su participación, aunque sumamente limitada por el marco legal para formar el criterio ético y moral de su grey en materia electoral, es fundamental para la saludable comprensión de los objetivos democráticos y las responsabilidades ciudadanas.

Algunas instituciones y liderazgos religiosos comprenden a cabalidad que las limitaciones políticas impuestas a asociaciones religiosas y ministros de culto no son simples prohibiciones gratuitas; provienen no sólo de una corroborada historia de tensión social y hasta fratricida, también responden a la permanente tentación de algunos pastores de querer influenciar de la manera más burda e interesada a alguna comunidad que les otorga credibilidad incluso en el terreno político.

En este proceso electoral -por ejemplo- existen ya notables denuncias contra pastores que, revestidos de su jerarquía religiosa, piden a su grey a votar a favor o en contra de algún candidato o partido político. Hay que aclarar que esto constituye un delito en nuestro país y sus sanciones están especificadas en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público; pero además habla, cuando menos, de una pobreza en la creatividad de liderazgo social que los ministros sí pueden -y en muchas ocasiones, deben- realizar en sus comunidades.

Sin embargo, allí donde algunos líderes religiosos de corta imaginación ven una limitación legal, otros contemplan todo un horizonte de posibilidades. Primero, porque una verdadera formación ética y cívica para la ciudadanía está obligada a trascender a la simple fotografía de una jornada electoral y de sus intereses coyunturales. Segundo, porque los ministros de culto (restringidos por la ley a realizar proselitismo político) son esa ínfima porción de su comunidad religiosa que cada vez va perdiendo ante sus correligionarios esas características clásicas del liderazgo carismático, vertical y jerárquico.

Por el contrario, la riqueza de aquellas posibilidades radica en la honesta formación de ciudadanía. Y es lo que, de cierto modo, muchas instituciones religiosas han estado realizando en estos días: foros virtuales, talleres, conferencias, mesas de debate y reflexión. Los pastores y ministros de culto aportan criterios generales sobre la perspectiva de participación ciudadana desde sus códigos institucionales; por ejemplo, los ministros católicos comparten los marcos constitutivos de la Doctrina Social de la Iglesia y la responsabilidad de los creyentes en medio de sus contextos y realidades. Mientras, son los laicos (los ciudadanos que no tienen limitados sus derechos respecto a la opinión electoral y de políticas públicas) los que aportan sin tapujos sus consideraciones respecto al contexto político, social y cultural.

Hay, no obstante, algunos que todavía opinan que las asociaciones religiosas no deberían participar ni siquiera en este tipo de conversación social (aunque constituyan parte de las estructuras intermedias de la sociedad); pero queda claro que muchas de las organizaciones religiosas no sólo tienen vasos comunicantes con la sociedad a través de la política, sino a través de la caridad, la promoción social, el cuidado de la tierra, la educación, la construcción de paz, la defensa de la dignidad humana y sus derechos fundamentales, y un largo etcétera.

Quizá este proceso electoral, tan frágil como todos los que ha habido, nos recuerde la importancia de involucrar a todas las estructuras sociales en la participación democrática: universidades, centros educativos, organizaciones comunitarias, asociaciones civiles, medios de comunicación, colectivos profesionales, empresas, negocios, sindicatos y sí, también a asociaciones religiosas que puedan en conjunto aportar templanza, pluralidad y discernimiento a una sociedad altamente polarizada, dividida y desconfiada; porque la religión no está para preferir una forma de gobierno u otra.

Esto último lo sabía desde 1881 el papa León XIII, que en su encíclica ‘Diuturnum illud’, dijo: “No hay razón para que la Iglesia desapruebe el gobierno de un solo hombre o de muchos, con tal que ese gobierno sea justo y atienda a la común utilidad. Por lo cual, salvada la justicia, no está prohibida a los pueblos la adopción de aquel sistema de gobierno que sea más apto y conveniente a su manera de ser o a las instituciones y costumbres de sus mayores”.

*Director VCNoticias.com

@monroyfelipe