Reprocha Padierna impunidad en ataques a periodistas

CIUDAD DE MÉXICO,. 6 de junio de 2017.- En un contexto de impunidad y de investigaciones deficientes relacionadas con agresiones a periodistas, el caso de la locutora y activista indígena Marcela de Jesús Natalia, quien fuera víctima de una agresión con armas de fuego el pasado 3 de junio, en el municipio de Ometepec, Guerrero, constituye una amenaza para la democracia y la libertad de expresión. Lo que coloca a México como el país más peligroso del continente para ejercer el periodismo; “cambiar esta situación requiere de mucho más que las palabras vacías de Enrique Peña Nieto”, manifestó Dolores Padierna Luna, coordinadora del grupo Parlamentario del partido de la Revolución Democrática (PRD).

La legisladora perredista señaló que el discurso del Presidente, donde aseguró que la situación de peligro que enfrentan diariamente las y los periodistas constituye una “emergencia nacional”, contrasta con el aumento de las agresiones a la libertad de expresión y a la defensa de los derechos humanos.

La senadora consideró que este ataque se suma a una lista que ha colocado a México en el lugar 149, de 180 países, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, de la organización Reporteros Sin Fronteras. Además, mencionó que el suceso fue condenado por la Asociación de Periodistas del Estado de Guerrero, cuyo vocero resaltó que en la entidad no hay garantía alguna para ejercer la profesión.

Por ello, Padierna Luna subrayó que aunque la Fiscalía General del Estado aseguró que ha activado medidas de protección para la víctima y sus familiares, tenemos que recordar que en el pasado estos mecanismos se han puesto en marcha de manera poco adecuada, por lo que exigió a la Fiscalía una protección eficiente para la locutora y sus allegados.

Finalmente, la senadora Dolores Padierna lamentó que el estado de Guerrero sea la tercera entidad con mayor número de asesinatos a periodistas en el país, con 14 casos registrados desde el año 2000. Al respecto, la CNDH ha recordado la obligación de “las autoridades de los tres niveles de gobierno a establecer las acciones y las políticas públicas acordes con la preocupante situación”.