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CIUDAD DE MÉXICO, 18 de diciembre de 2022.- Con ocasión al Día Internacional del Migrante, el 18 de diciembre de 2022, la Confederación Sindical Internacional (CSI) insta a los Gobiernos a que cumplan sus compromisos de respetar los derechos de las personas migrantes y redoblar esfuerzos para fomentar su inclusión.
“Una vez más, afirmamos que migrantes, refugiados y solicitantes de asilo son bienvenidos. Sindicatos en todo el mundo reclaman un refugio seguro, el derecho a trabajar e igualdad de trata para cualquiera, insistiendo además en que ninguna persona debería verse obligada a emigrar”, declaró Owen Tudor, Secretario General Adjunto de la CSI.
El número de migrantes en el mundo alcanzó los 281 millones en 2020, lo que representa el 3,6 por ciento de la población mundial, incluyendo a muchas personas que tuvieron que abandonar sus hogares debido al impacto del cambio climático. En 2019, la OIT estimó que de los migrantes internacionales, 169 millones eran trabajadores y trabajadoras.
Los trabajadores/as migrantes tienden a estar concentrados en empleos mal remunerados, precarios e informales, quedando por tanto excluidos de cualquier forma de protección social. Es especialmente el caso para las mujeres migrantes, sobrerrepresentadas en la economía informal, sobre todo en los sectores de cuidados y trabajo doméstico.
“Necesitamos un enfoque a la migración basado en los derechos, que proporcione a los trabajadores y trabajadoras migrantes oportunidades de trabajo decente y un acceso efectivo y pleno a sus derechos, diseñado e implementado a través del diálogo social y con las normas del trabajo en primer plano”, añadió Owen Tudor.
Los sindicatos reafirman que toda persona que trabaja es un trabajador o trabajadora, independientemente de su situación migratoria y reclaman un Nuevo Contrato Social con seis demandas esenciales que sitúan a las personas y al medio ambiente como elementos centrales:
Creación de empleos respetuosos con el clima con medidas de transición justa. La CSI pide la creación de 575 millones de nuevos puestos de trabajo decentes y que se formalicen al menos mil millones de empleos informales. La inversión en la economía de cuidados es central en las demandas de creación de empleo y formalización, teniendo en cuenta que los trabajadores/as migrantes están sobrerrepresentados en este sector.
Derechos para todos los trabajadores y trabajadoras independientemente de su situación laboral o migratoria, incluyendo un límite máximo de horas laborales y salud y seguridad en el trabajo.
Justicia salarial incluyendo un salario mínimo vital para todos los trabajadores y las trabajadoras.
Protección social universal con el establecimiento de un Fondo para la Protección Social destinado a ayudar a los países menos ricos.
Igualdad, ya sea en base a la raza, el género o el estatus migratorio, poniendo fin a cualquier tipo de discriminación.
Inclusión mediante un modelo de desarrollo basado en los derechos, que se haga realidad a través de la promesa de los ODS.
“Se producen violaciones sistemáticas de los derechos de los trabajadores/as migrantes, incluyendo el robo flagrante de salarios. Unos salarios mínimos vitales resultan esenciales para toda la gente trabajadoras, y muy especialmente los migrantes. El trabajo decente para la población migrante no podrá conseguirse sin esto, junto con protección social universal y el derecho fundamental a la salud y seguridad en el trabajo”, prosiguió Owen Tudor.
Los y las migrantes resultan particularmente vulnerables a la explotación con la imposición de permisos de trabajo de duración limitada, programas de migración circular –ocasional y de temporada– y agencias de contratación no reguladas. Estas prácticas impiden asimismo su inclusión social y económica a largo plazo.
Para contribuir a proteger a los trabajadores y trabajadoras migrantes de prácticas de empleo abusivas, la CSI patrocina el sitio web Recruitment Advisor, que ofrece información sobre agencias de contratación y derechos laborales.
Los Gobiernos deben aumentar las oportunidades para que los trabajadores/as migrantes puedan regularizar su situación, invirtiendo además en vías para la migración regular, con plenos derechos laborales y no discriminación. Sobre todo, los Gobiernos tienen que garantizar la libertad sindical, el derecho de sindicalización y negociación colectiva, como fundamentos indispensables para asegurar trabajo decente para todos y todas.