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CIUDAD DE MÉXICO, 09 de junio de 2018.- Movimiento Ciudadano Yucatán dio a conocer documentos que demostrarían la existencia de una red de empresas para desviar recursos del gobierno estatal.
Dicha información se dio a conocer en rueda de prensa, donde este partido presentó solicitudes de información a las unidades de transparencia de diversas dependencias estatales.
“El 5 de junio pasado pusimos a disposición de los ciudadanos el correo: [email protected] para que nos hicieran llegar información sobre corrupción y malos manejos de recursos públicos”, recordó la coordinadora estatal del partido, Silvia López Escoffié. “Ese correo ya recibió valiosa información. Una de ella es la que presentamos hoy. Analizamos más de mil documentos y coincidimos que hay indicios de desvíos”.
Acompañaron a la coordinadora estatal de Movimiento Ciudadano las candidatas Ana Rosa Payán Cervera, al Senado, y Milagros Romero Bastarrachea, al IV Distrito Local. En la rueda de prensa entregaron los siguientes documentos: Actas constitutivas, comprobantes de licitaciones y contratos directos, pagos, Cotizaciones y transacciones bancarias y memorandos internos.
“¿Qué señalan esos documentos?”, explicó a su vez la candidata al Senado, contadora pública Payán Cervera. “Por medio de una red de empresas, encabezada por la llamada A Moot Point, se podrían haber desviado recursos públicos. En esta red estarían involucrados funcionarios del gobierno estatal”.
A Moot Point, se especificó, fue creada a finales de 2014. Desde entonces, ha sido beneficiada con por lo menos 1,300 contratos directos y cinco licitaciones. En total, vía esta red se habrían desviado más de cien millones de pesos.
Estos documentos filtrados a Movimiento Ciudadano demostrarían sobreprecios, favoritismo y otras irregularidades financieras. Hay, incluso, memorandos internos en los que habla de una nómina “de gobierno” y otra “particular”, así como un directorio en el que aparecen nombres de funcionarios estatales con sus alias, como “El Guía”, “El Científico” y “El Práctico”.
A Moot Point, según los documentos en poder de Movimiento Ciudadano, fue creada el 19 de noviembre de 2014, según consta en el acta constitutiva con número 2703, registrada por la Notaría Pública Número 97. A partir de entonces, y sin nada de experiencia ni otros clientes, A Moot Point comenzó a facturarle al gobierno estatal. Las cinco licitaciones que ha obtenido de 2014 a la fecha ascienden a 80 millones de pesos. En los fallos de las licitaciones aparece como representante legal de la empresa favorecida un cuñado de un alto funcionario estatal.
Entre estas licitaciones destacan los supuestos servicios que se realizaron para el sector salud. A Moot Point ganó una licitación por $32,350,000 en lote de equipos de sistemas y tecnologías de información para el Hospital de Tekax, $29,935,040 para el Hospital Materno Infantil —cantidad con la que se pudo haber adquirido de 7,500 camas de hospital— y $3,744,589 para el Seguro Popular, sin especificar en qué consistía el bien o servicio licitado.
Doble papel. Varios de los empleados de A Moot Point cobrarían también en el gobierno estatal: hay de la Dirección General de Tecnologías de la Información (DGTI), Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (INSEJUPY), y la Secretaría de Administración y Finanzas. Ninguno de ellos oculta su doble papel, ya que aparecen públicamente con el uniforme de la empresa de esta red de desvíos.
En un memorando interno de la empresa, fechado el 2 de mayo de 2017, se señala con descaro que «el periodo de vacaciones de los empleados estará determinado por el tipo de nómina que reciban. En este rubro se pueden identificar dos tipos de nómina: gobierno y particular». Siguiendo lineamientos técnicos, se define como «gobierno a todo el personal que recibe su pago a través de nómina del gobierno del Estado de Yucatán que actualmente labora en la empresa A Moot Point».
Modus operandi. Con estos ejemplos se mostraría cómo desvía recursos A Moot Point: En noviembre de 2017, se señala, el gobierno estatal contrató una reparación de un corte de fibra óptica a A Moot Point, que cobró por ello 177 mil 166 pesos. La empresa, en realidad subcontrató el trabajo a la compañía Sitra, que a su vez le cobró 118 mil 109 pesos. A Moot Point cobró un sobreprecio de 33 por ciento.
La Secretaría de Desarrollo Rural le contrató a A Moot Point servicios de hardware por un monto de 127 mil 409 pesos. Siguiendo el esquema, la compañía subcontrató a la empresa Ingram, que le cobró 79 mil 441 pesos. El sobreprecio a favor de A Moot Point fue de 38 por ciento.
Todos los bienes y servicios que el gobierno del Estado le adquirió a A Moot Point fueron subcontratados con sobreprecios que oscilan entre el 30 y 40 por ciento.
Documentos internos de A Moot Point incluyen su directorio telefónico interno, con extensiones, nombres y alias de los que participan en este entramado. Por ejemplo, la extensión 501 del número (999) 161-79-22 es la de a.k.a. «El Guía», y la 303 del (999) 920-14-40, de a.k.a. «El Científico».
“Como hicimos el 5 de junio pasado, hemos solicitado una corroboración a las unidades de acceso de información a las dependencias estatales”, reiteró la candidata Romero Bastarrachea. “Llegaremos hasta las últimas consecuencias, que son los tribunales, para esclarecer estos indicios de corrupción”.
“Agradecemos a todas las personas que nos han hecho llegar esta información, sosteniendo nuestro compromiso de ser su voz”, puntualizó la coordinadora estatal, Silvia López. “Ponemos de nuevo a disposición de los ciudadanos el correo [email protected] para que nos hagan llegar sus denuncias”.
Aseguraron que ya cuentan con más denuncias y que en estos momentos las están analizando con un grupo de expertos.