Revés al Infonavit: exoneran a Telra de defraudación

CIUDAD DE MÉXICO., 13 de julio de 2023.- El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito resolvió que las órdenes de aprehensión dictadas en contra de Rafael y Elías Zaga, acusados por la PGR de defraudación en contra del Infonavit, son inconstitucionales.

Esta resolución tendrá como consecuencia la cancelación de las órdenes de aprehensión dictadas en contra de Rafael Zaga Tawil y de Elías Zaga Hanono.

De acuerdo con un comunicado del grupo Telra, se comprueba que la Fiscalía General de la República armó un caso sin sustento ni evidencia, con lo que llega a su fin una historia de extorsión y manipulación judicial.

Informa que en la sesión ordinaria celebrada el 12 de julio de 2023, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito resolvió los amparos en revisión 75/2023 y 93/2023 en los que se determinó que las órdenes de aprehensión dictadas en contra de Rafael Zaga Tawil y Elías Zaga Hanono el 29 de junio de 2022 son inconstitucionales ya que los hechos no son constitutivos de los delitos de Delincuencia Organizada y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. 

En ese sentido, se ordenó revocar la resolución recurrida y se concedió a los quejosos el Amparo y la Protección de la Justicia Federal de manera lisa y llana.

Por unanimidad, los Magistrados determinaron que la orden de aprehensión debe ser cancelada, ya que los recursos que fueron recibidos por Telra Realty en los años 2017 y 2018 son legales al provenir de una indemnización -derivado a su vez, de la cancelación de unos contratos- con el Infonavit y por tener el carácter de recursos públicos. 

No se advierte organización criminal

También establecieron que no se advierte que exista una organización criminal ni delitos cometidos de manera permanente o reiterada, por lo que los hechos eran atípicos y la orden de aprehensión violaba los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En relación específica con Elías Zaga, se estableció además que el simple hecho de haber sido accionista por unos cuantos días de una empresa que no celebró ningún contrato con el Infonavit, no podía ser considerado como una conducta delictiva, ya que se trataba de una actividad mercantil perfectamente legal.

Esta resolución tendrá como consecuencia la cancelación inminente de las órdenes de aprehensión dictadas en contra de Rafael Zaga Tawil y de Elías Zaga Hanono, por no ser responsables ni haber cometido los delitos que se les imputan.

Para Telra, este caso es una muestra de una extorsión judicial y de cómo la justicia se puede torcer para fabricar culpables y condenar inocentes sin sentencias de por medio.

Señalan que de junio del 2014 a febrero de 2016, celebraron diversos contratos con el Infonavit. 

Aseguran que a pesar de que Telra venía cumpliendo con las obligaciones derivadas de los contratos celebrados con el Instituto, cuando entra una nueva administración en el 2016 cambia la política hacia los contratos.

Así, el 8 de junio de 2017, Telra recibió una notificación firmada por el Secretario General Jurídico del Infonavit, en donde se le notificaba la resolución del Consejo de Administración del Infonavit aprobada el 31 de mayo de 2017 de dar por terminados de forma anticipada y unilateral los contratos celebrados.

En vista de la terminación anticipada de los contratos pretendida por el Infonavit y después de varios meses de negociación, el 22 de agosto de 2017 Telra y el Infonavit celebraron un Contrato de Transacción acordando que, a cambio de la renuncia de acciones legales por parte de Telra en contra del Infonavit.

El Infonavit pagaría a Telra, la cantidad de 3 mil millones de pesos por concepto de indemnización por daños y mil 800 millones más IVA por concepto de indemnización por perjuicios.

Además, Telra transmitiría al Infonavit la titularidad de los programas inmobiliarios y concluiría con la implementación de la plataforma informática.

A pesar de que estaba firmado y aprobado este contrato, incluso por el Consejo de Administración del Infonavit, el 26 de enero de 2018 el Infonavit decidió interponer una denuncia en contra “de algún servidor público o trabajador del Infonavit” por los contratos firmados en los años 2014, 2015 y 2016, por uso ilícito de atribuciones y facultades.

A partir de ese momento comenzó una pesadilla legal.