Revira Gobierno de México sobre informe de impunidad en DDHH de WOLA

CIUDAD DE MÉXICO, 8 de noviembre de 2017.- La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus iniciales en inglés) señala que la Procuraduría General de la República (PGR) ha fracasado en investigar y perseguir casos de violaciones a derechos humanos cometidas por soldados contra civiles, a pesar de las reformas legales para que estos casos se investiguen en el sistema de justicia civil en vez del sistema militar; por su parte, el Gobierno de la República exhortó a considerar diversos factores para el análisis sea más apegado a la realidad del país.

El reporte, publicado este martes por la organización no gubernamental destaca que la gran mayoría de las investigaciones que han sido iniciadas son contra soldados de bajo rango y no contra sus superiores jerárquicos y que, a pesar de que hay evidencia de que oficiales militares de alto rango han emitido órdenes abusivas y violentas en contra de civiles, no han respondido por sus acciones.

“Han pasado más de diez años en México de una estrategia de seguridad y lucha contra la delincuencia organizada sostenida fuertemente en el despliegue de militares y en el uso de la fuerza, pero no en la justicia. El fortalecimiento de instituciones civiles como la policía y el Ministerio Público se ha dejado en segundo plano. Estados Unidos también apoyó este enfoque durante los primeros años de la asistencia en materia de seguridad a México, pues a través de la Iniciativa Mérida una parte significativa de los recursos se destinaron a las fuerzas armadas mexicanas”, refiere dicho análisis.

“La estrategia de seguridad militarizada ha tenido al menos tres consecuencias graves. La primera es que la violencia ha aumentado en México y las violaciones a derechos humanos son constantes; la segunda es que ha disminuido la urgencia y la presión de una reforma policial; y la tercera es que la rendición de cuentas ha sido prácticamente inexistente. Los soldados que cometen delitos y violaciones a derechos humanos generalmente no responden por sus acciones, tampoco los funcionarios públicos que solicitan la presencia de soldados en sus estados o municipios, ni los líderes políticos que por décadas no se han comprometido verdaderamente a mejorar a la policía en México”, concreta.

Este miércoles, por medio del comunicado conjunto 1432/17, se emitió la posición del Gobierno de la República sobre el informe de WOLA en donde precisa que se deben considerar más factores que inciden en la realidad del país.

El gobierno de México reafirma su rechazo a toda violación a los derechos humanos, así como su compromiso de garantizar su protección en todo el territorio, y de permanente investigar diligentemente, a través de la Procuraduría General de la República (PGR), los hechos de su competencia presuntamente cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas en contra de civiles, en los términos establecidos por la Constitución, particularmente aquellos que podrían constituir violaciones a derechos humanos y así, cerrar cualquier espacio de impunidad, con absoluta transparencia y conforme a los principios que sustentan un sistema democrático de derecho.

Además de destacar las labores de las Fuerzas Armadas de México en labores de asistencia humanitaria, y argumentar que la PGR ha encaminado los esfuerzos necesarios para materializar cambios estructurales e institucionales para abatir la impunidad y perseguir las violaciones a derechos humanos, a través de la creación de unidades especializadas que incorporan esta perspectiva en sus investigaciones hace hincapié en algunos puntos sobre el análisis.

El gobierno de México valora la labor de WOLA y las organizaciones de la sociedad civil. No obstante, considera relevante puntualizar lo siguiente:

Instituciones académicas reconocidas a nivel nacional e internacional, organizaciones de la sociedad civil, así como organismos internacionales han tenido un papel esencial en la consolidación del nuevo sistema de justicia penal, la construcción de la Fiscalía General de República, así como en los procesos legislativos y de diseño de las leyes generales en materia de combate a la tortura y a la desaparición de personas.

La participación de las Fuerzas Armadas de México en atención al crimen organizado forma parte de las tareas de acompañamiento temporal a las autoridades locales, y responde a los enormes retos que plantea el tráfico internacional de armas y drogas, que afecta de manera particular a nuestro país.

México invita a que los análisis en la materia consideren dicho contexto, para reflejar una perspectiva más certera de los desafíos que acarrea el tráfico indiscriminado de armas desde los Estados Unidos de América hacia el territorio mexicano, los flujos de capital a organizaciones criminales, así como los efectos del trasiego de drogas a través de México, con destino a ese país.

Estudios en ese sentido serían una enorme contribución a la imperiosa necesidad de establecer mayores controles a la venta de armas y drogas en el vecino del norte.

“Con apego a las disposiciones en la materia y en el marco de los tratados de derechos humanos de los que México es parte, el Gobierno de la República continuará impulsando investigaciones imparciales y objetivas para toda presunta violación a los derechos humanos, que aseguren una procuración y acceso a la justicia efectivos, así como la sanción a los responsables”, concluye el comunicado del Gobierno de México.