Revira PF a funcionarios de Guanajuato

LEÓN, Gto., 13 de julio de 2016.- En relación a declaraciones emitidas por funcionarios del Gobierno de Guanajuato, en torno a la labor que han desarrollado los elementos de la Policía Federal (PF) y su División de Gendarmería en la entidad, “nos permitimos precisar lo siguiente:”

Además, informó en un comunicado, de la presencia en eventos como el Festival Internacional Cervantino, la PF, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) mantiene una presencia permanente en Guanajuato, donde desarrolla diversas actividades de prevención del delito, protección a los ciclos productivos y proximidad social.

Entre éstas acciones destaca que en el periodo 2015 y hasta el 30 de junio de 2016, el personal de la PF ha detenido a mil 412 presuntos responsables por diversos ilícitos del fuero federal y del común, se han liberado nueve víctimas de secuestro, además de recuperar 992 vehículos con reporte de robo y asegurar cerca de 790 kilos de marihuana.

Destaca la labor realizada por la PF contra el robo de hidrocarburos en municipios como Irapuato, León, Salamanca o Silao donde se han recuperado cerca de dos millones 800 mil litros de hidrocarburos obtenidos en forma ilegal principalmente gasolina, diésel y combustóleo.

Y se han obtenido resultados importantes en el Operativo Ferrocarril Seguro, implementado sobre el corredor de las vías del tren que abarca los municipios de Celaya, Apaseo, Cortázar, Pénjamo y Silao, donde se ha evitado el robo de granos, combustibles y mercancía diversa.

En este operativo se han recuperado más de 484 mil litros de combustible, dos mil toneladas de semillas, 800 cabezas de ganado, 10 mil unidades de varilla, además de autopartes, abarrotes, herramientas, aparatos electrónicos y fauna como pavorreales, guacamayas y búfalos de agua.

La PF ratificó su compromiso de trabajar en forma permanente en beneficio de los habitantes y visitantes del estado de Guanajuato y de todo el país.

“Expresamos nuestra plena disposición para coordinarnos con las autoridades locales para atender cualquier problemática relacionada a la seguridad pública, aún y cuando se trate de incidencia delictiva del fuero común, cuya atención corresponde a las autoridades estatales”.