Rezago en armonización normativa desprotege a 25 millones de indígenas

CIUDAD DE MÉXICO, 30 de octubre de 2018.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer que más de 25 millones de personas indígenas en el país están imposibilitadas de ejercer plenamente sus derechos fundamentales, ya que mientras la armonización legislativa entre las normas mexicanas de los derechos de las personas, pueblos y comunidades indígenas y los criterios internacionales es de 55.71 por ciento en el orden federal, en el ámbito de las entidades federativas es en promedio del 62.68 por ciento.

De acuerdo a un comunicado, 10 entidades federativas registran avance global inferior al 60 por ciento en la armonización legislativa y al no adecuar totalmente sus Constituciones, Aguascalientes, Baja California Sur, Ciudad de México, Coahuila, Michoacán, San Luis Potosí, Tamaulipas, Zacatecas, Nuevo León y Puebla incumplen la obligación internacional de hacer efectivos, en toda su integridad, los derechos y libertades de las personas indígenas.

Al presentar el Estudio Seguimiento a la Armonización Normativa de los Derechos Humanos Derechos de las Personas, pueblos y comunidades indígenas, la cuarta Visitadora General de la CNDH, Eréndira Cruzvillegas Fuentes, señaló que el mayor porcentaje de avance global de armonización en este tema se dio en Hidalgo y Chiapas, con 77.14% y 77.43 por ciento, respectivamente; Durango, Jalisco, Morelos, Oaxaca y Tabasco, 68.57 por ciento; Baja California, Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, Querétaro, Sinaloa y Tlaxcala, 65.71%; en 62.86% están Guerrero, Quintana Roo, Yucatán y Nayarit; y en 60%, Campeche, Colima, Sonora y Veracruz.

Explicó que el estudio tomó como punto de partida diversos instrumentos internacionales a partir de los cuales se extrajo un listado de 14 disposiciones jurídicas que fueron analizadas en la legislación nacional, alcanzando el mencionado 62.68% de avance en la armonización, y respecto del porcentaje total de avance correspondiente a cada disposición jurídica, construido a partir de las calificaciones de cada entidad federativa, apuntó que el derecho al respeto a la integridad de los pueblos y comunidades indígenas alcanzó 54%; derecho a la no discriminación, 69%; derecho a la participación de los pueblos indígenas, 70%.

Coincidieron en 60% los derechos de los pueblos y comunidades indígenas de ser consultados; a decidir sus prioridades; a la libre determinación y autonomía; de reconocimiento y protección de derechos y valores; a la igualdad de género, y el derecho de las niñas y mujeres indígenas a ser valoradas y educadas libres de patrones, estereotipos de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación.

El derecho a conservar costumbres e instituciones, 76%; derecho a preservar su idioma indígena, 64%; derecho a la propiedad y posesión sobre sus tierras; 63%; derechos de las niñas y mujeres indígenas a una vida libre de violencia, y 61%, el derecho a tener acceso a las funciones públicas y a participar en la toma de decisiones en los asuntos públicos.

Dado que el marco jurídico de protección a los derechos de las personas, pueblos y comunidades indígenas es muy extenso, el estudio no abarcó la totalidad del mismo y deberá entenderse como un primer avance en que se agotaron cuatro leyes en cada entidad federativa, tratándose de las legislaciones en materias de derechos de las personas indígenas; salud; discriminación y educación, y se estableció el 31 de agosto de 2018 como fecha de corte para la extracción de la normatividad analizada, por lo que cualquier modificación que haya sido realizada posterior a dicha fecha no fue contemplada en el mismo.

La CNDH ha desarrollado una Plataforma de Seguimiento a la Armonización Normativa de los Derechos Humanos, que tiene como objetivo fundamental presentar un panorama sobre la recepción de las normas del Derecho internacional de los derechos humanos en nuestro país, a partir de la reforma constitucional de 2011, mediante la medición del grado de avance en el proceso de armonización normativa en los ámbitos federal y local.

En dicha revisión se analiza el grado de armonización del contenido de los instrumentos vinculantes para nuestro país, así como una aproximación sobre la revisión acerca de si ha sido realmente incorporado y “hecho efectivo” para poder ser puesto en práctica el contenido de los diversos derechos.  Debido a lo anterior, la revisión incorpora, por un lado, el control de convencionalidad establecido en la propia norma y, al mismo tiempo, la armonización específica del contenido de los derechos determinados en las diversas fuentes vinculantes.

En este acto, realizado en el Centro Nacional de Derechos Humanos, se contó con la presencia de Laura Gurza Jaidar, Directora General de Planeación y Análisis de la CNDH, quien explicó la metodología de realización de la armonización normativa; José del Val Blanco, Director del Programa de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM; la Diputada Aleida Alavez Ruiz y Michael Chamberlin Ruiz, integrante del Consejo Consultivo de la CNDH, quien indicó que ante la dispersión de derechos tienen que recuperarse bajo la idea de que son integrales y que solo pueden ser efectivos si se respetan unos a otros y se consideran en el contexto de la persona.

El Estudio Seguimiento a la Armonización Normativa de los Derechos Humanos: “Derechos de las personas, pueblos y comunidades indígenas” puede consultarse en la siguiente LIGA.