Ricardo Salinas denuncia ante la CIDH persecución del Gobierno

CIUDAD DE MÉXICO, 13 de enero de 2026.- El empresario Ricardo Salinas Pliego presentó una denuncia formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado mexicano. La acción legal acusa una "persecución política" sistemática iniciada en 2023, la cual buscaría silenciar su voz crítica y restringir su participación en el debate público.

La denuncia fue entregada personalmente a Pedro Vaca, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, durante una reunión de alto nivel en la sede de la OEA. El documento sostiene que México ha violado la Convención Americana sobre Derechos Humanos mediante el uso coordinado de herramientas fiscales, judiciales y administrativas como represalia.

El equipo legal del presidente de Grupo Salinas detalló ante el organismo internacional cuatro pilares que sustentan la acusación:

* Criminalización de la crítica: Se documentó el uso de recursos públicos y más de 300 conferencias matutinas oficiales para dañar la reputación del empresario y sus compañías.

* Acoso administrativo y fiscal: Se denunció un incremento exponencial de auditorías durante las administraciones de López Obrador y Claudia Sheinbaum. Salinas Pliego afirma que el Estado rechaza acuerdos legales con un fin "coercitivo y no recaudatorio".

* Erosión de la independencia judicial: La denuncia advierte que la reciente reforma judicial en México ha dejado a los ciudadanos vulnerables ante los abusos del Ejecutivo.

* Contexto de inseguridad: El documento señala que el caso es síntoma de una crisis mayor, mencionando la supuesta "toma del Estado por parte de los cárteles".

"El caso trasciende lo personal: es un llamado a defender la libertad y el Estado de Derecho ante un patrón institucional de hostigamiento para reducir el pluralismo democrático", dicta el comunicado.

Con esta acción, se solicita formalmente que la CIDH declare la responsabilidad internacional del Estado mexicano. El objetivo final es que se dicten medidas y garantías de no repetición que restauren la independencia de los tribunales y protejan de manera efectiva la libertad de expresión en el país.