«Rosario Robles debe comparecer ante la Comisión Permanente»

CIUDAD DE MÉXICO, 21 de julio de 2016.- Tras señalar que las reglas de operación del Programa de Vivienda Rural registran irregularidades “que vulneran su correcta aplicación en perjuicio de los beneficiarios”, el senador Daniel Ávila Ruiz solicitó que la titular de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles debe comparecer ante el Congreso de la Unión.

El senador del PAN y las legisladoras Mariana Gómez del Campo y Marcela Torres Peimbert, dieron a conocer que hay diversas denuncias ciudadanas recibidas en sus oficinas, que evidencian irregularidades que afectan a los beneficiarios del programa, “pues el acceso a información de las personas candidatas a recibir este apoyo social ha sido vulnerado.

“Lamentablemente, se tiene conocimiento que personas que no son servidores públicos tienen clave de acceso al sistema, con la que pueden ingresar datos al mismo, violando con ello la integridad y veracidad del programa, situación que debe ser aclarada”, expuso Ávila Ruiz.

La información de candidatos a recibir el apoyo de una Unidad Básica de Vivienda (UBV) o de ampliación y mejoramiento de su vivienda, se concentra mediante el Cuestionario Único de Información Socioeconómica”, conocido como CUIS por sus siglas y el denominado Expediente Técnico, a los cuales sólo pueden acceder autoridades de la Sedatu, sin embargo, personas ajenas al servicio público han podido manipular dicha información.

Explicó que estas irregularidades se registran en distintas entidades del país, sobre todo en Chiapas, Tabasco, Puebla, Quintana Roo, Tlaxcala y Yucatán, pero además, las denuncias ciudadanas señalan que las reglas de operación presentan graves problemas para cumplir a cabalidad con el programa.

“Por un lado indican que los solicitantes tienen derecho a recibir de la instancia Ejecutora (Delegaciones de Sedatu) una respuesta a su solicitud a más tardar en 20 días naturales posteriores a su presentación, sin embargo por otro lado señalan que en caso de no recibir respuesta dentro de ese plazo se entenderá que no fue aceptada.

“Este supuesto ha generado problemas muy graves, tenemos conocimiento, por ejemplo, de solicitudes de personas en extrema pobreza que no han sido atendidas en dos y tres años; ejemplos en los que no cabe la respuesta de que no fueron aceptadas”, abundó Ávila Ruiz en el Punto de Acuerdo.