Ruiz Esparza y Murillo Karam deben ser investigados: GPPRD

CIUDAD DE MÉXICO, 29 de junio de 2016.- El diputado del PRD Omar Ortega Álvarez demandó investigar a Gerardo Ruiz Esparza, Secretario de Comunicaciones y Transportes, por su aparente contubernio con Jesús Murillo Karam, ex procurador General de la República, para entregarle contratos irregulares a empresas y familiares de éste por más de cuatro mil 625 millones de pesos.

Mediante un punto de acuerdo, según un comunicado, puesto a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, propuso que sean la misma Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) las que indaguen una relación que, a primera vista, está plagada de corrupción, favoritismo, conflicto de interés, fraude y otros ilícitos.

El líder del PRD en el Estado de México lamentó que, lejos de cumplir sus tareas en esta materia, tanto la PGR como la SFP sigan omisas ante este caso y que haya sido la asociación civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad la que lo haya denunciado.

También lamentó que, con los “candados” impuestos por el PRI en las recién aprobadas leyes anticorrupción, los delitos de funcionarios contra la administración pública vayan a repetirse y a quedar impunes.

De acuerdo con dicha investigación, tres empresas de familiares de Murillo Karam multiplicaron en 714 por ciento sus contratos con el gobierno hasta sumar cuatro mil 625 millones de pesos en tan sólo dos años que estuvo al frente de la PGR.

Se trata, señaló, al menos de 42 contratos para obras en 17 estados otorgados a las empresas Alvarga, Kuoro e Itrio, de las cuales son accionistas hijos, un cuñado, un sobrino y un yerno del ex procurador.

Añadió que uno de los sobrinos –Carlos Castañeda Murillo– es todavía director de Tecnología de la Secretaría de Gobernación (Segob) y otro -Alejandro González Murillo- es actual diputado federal y coordinador del Partido Encuentro Social.

También se descubrió que las tres supuestas empresas compartían representantes legales, teléfonos, contratos, socios, empleados y domicilios tan extraños e impropios para grupos “tan rentables” –una casa de interés social y una bodega–, pero que además entregaban con retraso obras defectuosas e incompletas.

Tal sucedió, indicó, con el puente vehicular “Antonio Madrazo” y el distribuidor vial “Benito Juárez” en Guanajuato, cuyos contratos para obras adicionales se volvieron a entregar ilegalmente a Kuoro, según reveló la Auditoría Superior de la Federación.

A través de copias de los contratos, la asociación civil encontró “aumentos injustificados en precios, adjudicaciones directas poco claras, obras entregadas a destiempo, un fraude probado e, incluso, un caso –en Campeche- en el que se usaron productos piratas en la construcción de un rompeolas”.

“Así estas empresas lograron crecer más de 700 por ciento en contratos obtenidos del gobierno de Enrique Peña Nieto, mientras las afiliadas a la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción nunca crecieron siquiera el cinco por ciento.

“El 61 por ciento de contratos a las tres empresas –en especial, a  Alvarga y a Itrio– por dos mil 837 millones de pesos los otorgó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Al tiempo que estos contratos se otorgaban, Gerardo Ruiz Dosal, hijo del titular de SCT, era secretario particular de Murillo Karam en la PGR.

“Otros parientes del autor de la “verdad histórica” –relativa a la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero–, como Gerardo Roqueñí Murillo, ha obtenido contratos sin licitar del Instituto Mexicano del Seguro Social por 80 millones de pesos para sus empresas Grupo Roqueñí y Soluciones Globales”, explicó.