Salen libres 13 de los 14 detenidos con fianza de 6 mil pesos

CIUDAD DE MÉXICO, 28 de diciembre (Quadratín México).- Finalmente, salieron libres 13 de las 14 personas que quedaban detenidas por los disturbios del pasado 1 de diciembre, y en una conferencia de prensa coincidieron en señalar que continuarían luchando por sus ideales.

Mientras tanto, el jefe del Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera dijo que su administración no podrá ser tachada de represora, al elogiar la reforma al Artículo 362 que hizo que los ataques a las vías públicas ya no sean delito grave, facilitando la liberación de las personas que quedaban encarceladas por los desmanes del día de toma de protesta de Enrique Peña Nieto.

La juez 47 de lo penal del Distrito Federal, Patricia Mora Brito, había resuelto que todos los detenidos menos uno, pagaran una fianza de 40 mil pesos para obtener su libertad, sin embargo trascendió anoche que depositaron seis mil pesos como garantía.

Las personas que abandonaron el Reclusorio Norte son César Llaguno Romero, Sandino Jaramillo Rojas, Alejandro Lugo Moreno, Carlos Miguel Ángel García Rojas, Obed Palagot Echavarría y Roberto Adrián Duarte García.

Además Osvaldo Rigel Barrueta Herrera, Eduardo Daniel Columna Muñiz, Stylianos García Vackimes, Daniel García Vázquez, Jorge Dionisio Barrera Jiménez, Jorge Enrique Rosales Rojas y Bryan Reyes Rodríguez, quien fue el primero en salir de dicho centro penitenciario.

En tanto, Rita Emilia Neri Moctezuma, la única mujer detenida, abandonó el penal femenil de Santa Martha Acatitla, luego de pagar la fianza que se le impuso.

Por lo tanto, queda detenido solamente Bryan Reyes Rodríguez, a quien se le fijó una fianza de 67 mil pesos y se le ordenó resarcir el daño con un pago superior a los 44 mil.

“El gobierno del DF de ninguna manera podrá ser tachado de represor”, manifestó Mancera, quien consideró que la discusión en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal sobre el tema de ataques a las vías pública se dio bajo líneas de trabajo acorde con la cuestión de los derechos humanos, lo que va en concordancia con el trabajo que se realiza en el país.

“Escuché las diferentes posturas de las fracciones, tanto de PAN, como de PRD y PRI, y lo que se advierte es una línea ya de conclusión en el debate. Así que, el Gobierno del Distrito Federal de ninguna manera podrá ser tachado como represor. Solamente estamos para cumplir con el mandato, que es muy claro, de la seguridad pública”, declaró el jefe del GDF.

El mandatario capitalino no descartó, sin embargo, que se den otras detenciones por los actos vandálicos del 1 de diciembre, aunque aseguró que antes de darse algún arresto se “tendrán que tener evidencias muy sólidas y contundentes”.

Y pese a las palabras de Mancera sobre las posturas partidistas capitalinas acerca del Artículo 362, en el Senado de la República no piensan igual.

Arturo Zamora, vicecoordinador senatorial del PRI, dijo que con la reforma se sienta un mal precedente porque el resto de la población queda desprotegida.

“Es muy delicado cuando se generan leyes que buscan condiciones de impunidad, éstas no pueden ser promovidas desde la ley”, dijo. “El problema es que en el futuro pueda haber quienes al amparo de reformas de esta naturaleza, estén debidamente reparados para encontrar esquema de impunidad que, lejos de mantener estabilidad social en el desarrollo de una comunidad, van a generar conductas que siendo antisocial dejaron de ser colectivas”.

Y Alejandro Encinas, senador perredista, también criticó la reforma diciendo que a los asambleístas les tembló la mano y hubo ambigüedad en su decisión, porque el delito debió derogarse.

Consideró que es una resolución con una gran ambigüedad y la ALDF no debería andar “con medias tintas” para erradicar un delito que tiene intencionalidad política.

Por su lado, el legislador panista Fernando Rodríguez Doval respaldó la decisión de reducir la penalidad para el delito de ataques a la paz pública en el Distrito Federal, pero expresó su temor de que la reforma al Código Penal haya sido sólo para garantizar impunidad a quienes el 1 de diciembre causaron terror en las calles de la Ciudad de México.

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