Sanciona INE a PT y Morena con 124 mdp

CIUDAD DE MÉXICO, 3 de septiembre de 2021.- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) sancionó a los partidos del Trabajo, con 119 millones 870 mil 694 pesos y Morena, con cuatro millones 529 mil 225 pesos, al acreditar esquemas de financiamiento irregular.

En sesión extraordinaria, la autoridad electoral determinó que durante la gestión de Delfina Gómez Álvarez como presidenta municipal de Texcoco (2013-2015) se instrumentó un sistema de financiamiento paralelo, el cual se tradujo en recursos que beneficiaron a Morena por dos millones 114 mil 612.5 pesos y que no fueron reportados.

La sanción parte de una queja presentada por el PAN desde 2017 en la que denunció “descuentos aplicados a los entonces empleados del municipio de Texcoco y del DIF municipal”, los cuales estaban encaminados a la conformación de Morena como partido político y a la eventual candidatura de Gómez Álvarez a la diputación federal y a la gubernatura del Estado de México.

En la investigación del INE se encontraron pruebas suficientes para sostener la hipótesis de culpabilidad respecto de la existencia de un mecanismo de recaudación de recursos provenientes de retenciones salariales efectuadas a trabajadores del Ayuntamiento y del DIF de Texcoco, en el Estado de México, los cuales fueron entregados a María Victoria Anaya  e Iveth Rosas Rosas, quienes recibieron diversos cheques del ayuntamiento por un importe total de 13 millones 890 mil 47 pesos.

Al tomar en cuenta las circunstancias de extracción del recurso y su entrega mediante métodos sistemáticos, continuos y permanentes a personas físicas, se evidencia la intención de evasión de la acción fiscalizadora de la autoridad electoral, perpetrada en el contexto de vigencia del periodo constitucional de Gómez Álvarez como presidenta municipal del Ayuntamiento de Texcoco, esto es, 2013-2015.

En el Sistema Integral de Fiscalización del INE, Morena reconoció, dentro de la contabilidad de la otrora candidata Delfina Gómez, a diversas personas físicas y morales como proveedores de productos y servicios que fueron beneficiadas (ya dentro del marco temporal en que Morena había obtenido su registro como partido político nacional) de los recursos provenientes de las retenciones salariales a los trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco, toda vez que recibieron cheques emitidos por la principal retenedora de recursos, María Victoria Anaya Campos, motivo por el cual se tiene por acreditado el dolo en el actuar del sujeto obligado.

Por ello, se le sanciona con el 200 por ciento del monto involucrado, equivalente a cuatro millones 529 mil 225.06 pesos.

Además, dio vista a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México por las conductas que pudieran configurar delitos electorales; a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales por las conductas presuntamente consecutivas de delitos en materia electoral y a la Unidad de Inteligencia Financiera, por conductas que pudieran configurar delitos dentro de su esfera de competencia.

Esquema de financiamiento paralelo del PT

Posteriormente, el pleno consideró fundado el procedimiento de queja en materia de fiscalización al comprobar un beneficio que ingresó al patrimonio del Partido del Trabajo (PT) a través de personas físicas que guardan como condición en común ser militantes de dicho partido. Es decir, bajo el amparo de una operación entre particulares, el instituto político se privilegió de un esquema de financiamiento paralelo que le permitió ejecutar conductas contrarias a la normatividad en materia de financiamiento y fiscalización.

La queja presentada en 2017 por el PRI, fue por la presunta transferencia de recursos provenientes del gobierno del estado de Nuevo León destinados a la construcción y operación de Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS) a militantes del Partido del Trabajo.

Entre 2015, 2016 y 2017, María Guadalupe Rodríguez recibió un monto de 260 millones de pesos provenientes del gobierno de Nuevo León y con estos recursos emitió 123 cheques que fueron depositados en la cuenta de Héctor Quiroz García, comisionado político Nacional del Partido del Trabajo en el estado de Aguascalientes, por 59 millones 935 mil 347 pesos.

El PT no recibió de manera directa recursos provenientes de María Guadalupe Rodríguez Martínez o de los demás ciudadanos que recibieron recursos por parte de la citada ciudadana, ya que no se encontraron registros de transferencia o aportaciones en la contabilidad del partido que muestren rastro de ello; sin embargo, los recursos fueron cobrados en efectivo por personas que tienen un vínculo cercano con el instituto político, además de que dichos recursos no se aplicaron a su destino original, esto es, a los CENDI, hechos que fueron informados por la Secretaría de Educación Pública.

Es así que el INE determinó imponer al PT una sanción equivalente al 200 por ciento del monto involucrado de 59 millones 935 mil 347 pesos que recibió de aportaciones de entes prohibidos, es decir, 119 millones 870 mil 694.18 pesos.

Además, dio vista a la Fiscalía General de la República, a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, a la Unidad de Inteligencia Financiera, al Servicio de Administración Tributaria, a la Auditoría Superior de la Federación, a la Auditoría Superior del estado de Nuevo León y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que, en el ámbito de su competencia, determinen lo conducente.

Indicios prueban una trama de financiamiento que beneficia al PT

En este punto, el Consejero Presidente destacó que durante tres años se hicieron transferencias a un dirigente de partido político.“Hay una concatenación de indicios que evidencian un comportamiento sistemático y generan una convicción de que lo que hay detrás no son cuestiones asiladas, sino una trama de financiamiento que está encaminada a beneficiar a un partido político”.

Favela precisó que se utilizó también la información que aportó el PT al INE a través de Prerrogativas y Partidos Políticos, donde se comprobó que Héctor Quiroz García, quien recibió los recursos por parte de María Guadalupe Rodríguez Martínez, “ha ocupado cargos de dirección en el Partido del Trabajo a nivel estatal en Aguascalientes, pero también a nivel nacional, cuando se aperturó la cuenta y se realizaron los depósitos”.

En opinión de la Consejera Norma De la Cruz se debe contar con mayor tiempo para la valoración de los proyectos y anunció su separación ante diversas inconsistencias y falta de exhaustividad “ya que no se tiene acreditado que los recursos hayan llegado al partido denunciado”.

Jaime Rivera precisó que el partido presentó sus informes de ingresos y egresos correspondientes a 2015, 2016 y 2017 sin reflejar ese ingreso extraordinario. “Por qué fondos destinados para los CENDIS se entregan a un dirigente del partido que no tiene ninguna relación con éstos, eso es a lo que toda la investigación responde”.

“Se trata de un mecanismo de captación de recursos a través de una estrategia maquinada de manera minuciosa, en la que se establece una red de múltiples sujetos que tienen una participación específica para la comisión de la falta”, enfatizó la Consejera Carla Humphrey, quien lamentó que pese a que el proyecto data de 2017, hay falta de disposición de diversas autoridades para proporcionar información y documentación a la autoridad electoral.