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CIUDAD DE MÉXICO, 21 de diciembre de 2017.- Al clausurar los trabajos de la 43 Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), el presidente Enrique Peña Nieto señaló a las distintas organizaciones y colectivos de la sociedad civil que corresponde únicamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) definir si la Ley de Seguridad Interior es inconstitucional.
El máximo tribunal de justicia sólo se puede pronunciar sobre una ley que ya ha sido promulgada, por tanto, el Ejecutivo federal dio la bienvenida al análisis que en su momento lleve a cabo la SCJN.
“Estoy consciente que este ordenamiento es especialmente sensible para la vida pública del país, por eso no emitiré declaratoria de protección de seguridad interior en los términos de esta ley, hasta que el máximo tribunal decida sobre su constitucionalidad”, subrayó.
La SCJN será el árbitro legitimado constitucionalmente para tomar una resolución definitiva, sin embargo, aseguró que no significa que dejará de haber intervención del Estado en materia de seguridad pública en auxilio de los estados que hoy lo necesitan.
Con el fin de superar este vacío legal, el Congreso de la Unión permitió el decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior, cuyo marco legal da certeza jurídica a la actuación de las Fuerzas Armadas y la preservación de la seguridad interior, y al mismo tiempo establece límites del uso de las mismas.
“La ley deja claro que en ningún momento se exime a las autoridades locales del cumplimiento de sus responsabilidades”, expresó al referir un programa de fortalecimiento que permite finalizar con el apoyo subsidiario de las autoridades federales.
Aseguró que garantizar la seguridad de las familias es una labor que exige corresponsabilidad entre los Poderes públicos y los tres órdenes de gobierno con la participación activa de la sociedad.
Desde el inicio de su sexenio, el Primer Mandatario señaló que ha atendido la seguridad como un asunto de Estado y no sólo de gobierno, como parte de este compromiso se han creado canales institucionales para que todos asuman la tarea que les corresponde.
En el seno del CNSP refirió que han sumado esfuerzos para implementar importantes acciones como el número único de emergencia 911 y la estrategia nacional antisecuestro.
Uno de los temas que este foro ha centrado sus esfuerzos es en tratar de superar la debilidad institucional de las corporaciones de seguridad locales.
El Presidente de la República indicó que en muchos estados todavía no han logrado desarrollar corporaciones sólidas, confiables y eficaces, y alrededor de 600 municipios no cuentan con una fuerza policial propia.
Esta debilidad institucional ha sido aprovechada por organizaciones criminales para incrementar su actividad delictiva en algunas zonas y en ocasiones intentar tomar el control de estos territorios.
Para hacer frente a esta amenaza, el Estado mexicano desde hace más de una década se ha visto en la necesidad de emplear a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
Su despliegue en distintas entidades no pretende suplir, sino complementar las capacidades de los cuerpos locales policiales. En todos los casos, su actuación se deriva de la solicitud de los gobiernos locales.
Nueve gobernadores que fungieron como consejeros del CNSP asumieron compromisos de seguridad en las entidades y coordinar políticas públicas en favor de la paz y la tranquilidad.