SCJN podría conceder amparo a F. Cassez por irregularidades en su juicio

CIUDAD DE MÉXICO, 21 de enero (Quadratín México).- En vísperas de que la Suprema Corte de Justicia aborde de nuevo el caso de  Florence Cassez, ciudadana francesa condenada a 60 años de prisión por secuestro, Agustín Acosta, su abogado defensor, confía en que ese órgano judicial pueda abordar el caso de manera distinta y aprobar un amparo que permita omitir “pruebas fabricadas” en su contra.

El jueves pasado se informó que el próximo 23 de enero la Primera Sala de la SJCN analizará y votará un proyecto de sentencia que propone otorgar un amparo a Cassez para que un tribunal unitario emita una nueva sentencia sin que sean tomadas en cuenta evidencias creadas u obtenidas de manera ilícita, y que sirvieron para que fuera condenada a 60 años de cárcel.

“Sólo puedo prever, con los antecedentes de la última sesión, que cuando menos emergerá de esa decisión del 23 de enero que ya no se posponga más este asunto y que la justicia ampare a Florence Cassez. Hasta qué efecto y hasta qué alcance, no lo sé, pero estoy muy confiando en que habrá un amparo, en el que por lo menos elimine su condena y obligue a revisar el caso bajo una óptica distinta”, explicó el abogado.

La ministra Olga Sánchez Cordero elaboró el proyecto que, de acuerdo con fuentes del Poder Judicial, plantea excluir toda la evidencia obtenida de manera ilícita en contra de Cassez, a diferencia del dictamen de marzo de 2012, que proponía su libertad inmediata.

Para ser aprobado, el dictamen requiere el voto de por lo menos tres de los cinco ministros de la sala y, en ese caso, se devolvería al tribunal unitario para que formule una nueva sentencia sin considerar la evidencia eliminada.

Florence Cassez, quien reclama su inocencia, ya había interpuesto una apelación ante la Suprema Corte poco después de que fuera rechazado su recurso de casación el 10 de febrero de 2011, su tercer y más reciente fracaso ante una corte de justicia ordinaria.

La más alta instancia judicial de México había aceptado revisar el caso, y los cinco jueces de la primera sala se reunieron el 21 de marzo de 2012 sin lograr un acuerdo, pese a que cuatro de ellos reconocieron las irregularidades denunciadas por la defensa.

Tres de esos jueces concedieron a Cassez un “amparo”, una figura de protección que se traduce en la anulación de su condena.

Pero sólo dos de ellos, Arturo Zaldívar, quien entonces llevaba el caso, y Olga Sánchez, se pronunciaron por la liberación inmediata de la francesa. Un tercer juez, José Ramón Cossio, propuso la anulación de la condena y el reenvío del asunto ante el tribunal de apelación, la instancia que impuso los 60 años de prisión.

Esta ausencia de mayoría anuló el informe de Zaldívar, por lo que se le encomendó a Sánchez expedir uno nuevo.

La jueza ha retomado la propuesta de su colega Cossío, en un esfuerzo evidente de lograr esta vez una decisión mayoritaria.

Su informe fue presentado a los otros jueces de la primera sala el 9 de enero, para ser examinado el miércoles 23. Su contenido no se ha hecho público, pero sus principales conclusiones fueron reveladas por la prensa mexicana.

Las autoridades mexicanas realizaron el 9 de diciembre de 2005 un montaje televisivo del supuesto arresto en directo de Cassez y la liberación de tres presuntos secuestrados en un rancho (granja) de las afueras de la ciudad de México, cuando en realidad fue arrestada en una carretera varias horas antes.

Para la jueza Sánchez, este hecho constituye la base de la violación de varios derechos constitucionales: el de presunción de inocencia, la puesta a disposición inmediata ante el Ministerio Público y la asistencia consular.

La jueza propone que se anulen la mayoría de las pruebas por considerarlas ilícitas, especialmente el testimonio contra Cassez de dos de las tres supuestas víctimas de secuestro, Cristina Ríos y su hijo Christian Hilario Ramírez, quienes no habían mencionado a la francesa en sus primeras declaraciones hasta que dos meses después de los hechos aseguraron, por primera vez, haberla reconocido.

Sánchez preconiza la anulación de la condena de Cassez y el reenvío del caso ante la corte de apelación, que deberá emitir un nuevo juicio tomando obligatoriamente en cuenta todas las conclusiones de la Suprema Corte.

En esa eventualidad, no hay un plazo estipulado por la ley para que un tribunal de apelación emita su fallo, según Agustín Acosta, abogado mexicano de Cassez, que estima sin embargo que la situación “no se alargará mucho”. El tribunal de apelación en materia penal en México es encabezado por Manuel Bárcena Villanueva, uno de los tres jueces del tribunal que rechazó por unanimidad en 2011 el recurso de casación de Florence Cassez.

Para Acosta, la anulación de la condena y el reenvío del caso es la “hipótesis más previsible”, pero esto no impide que la primera sala se pronuncie por una liberación inmediata, en caso de que una mayoría se incline por esta alternativa.

El único juez que se negó a reconocer las irregularidades del caso, Guillermo Ortiz, ahora jubilado, fue reemplazado por Alfredo Gutiérrez, que por primera vez se pronuncia sobre el expediente.

La defensa de la francesa tampoco excluye una posibilidad menos favorable: una nueva indecisión por parte de la Suprema Corte que significaría el traslado del caso al pleno de la Corte, compuesto por once jueces, una hipótesis llena de incertidumbre.

El caso Cassez provocó en 2011 una crisis diplomática entre Francia y México que incluso llevó a anular la celebración del Año de México en Francia, luego de que el entonces presidente Nicolas Sarkozy decidió dedicar el evento a la francesa.

El actual presidente francés, François Hollande, dijo poco después de su elección que su país permanecería “plenamente comprometido a favor de Florence Cassez”. En esa ocasión, el Elíseo reiteró su “confianza en la independencia de la justicia mexicana” y abogó por que “Florence Cassez beneficie de un trato judicial justo”.

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