SCT, responsable por socavón del Paso Exprés donde murieron 2: CNDH

CIUDAD DE MÉXICO, 10 de octubre de 2018.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), que está bajo el mando de Gerardo Ruiz Esparza, es responsable por el socavón del Paso Exprés de Cuernavaca, en Morelos, donde al abrirse la obra hubo un desenlace trágico que costó la vida de dos personas en julio de 2017, por lo que además, destaca la negligencia y posible corrupción durante la construcción de ese libramiento.

Mediante investigaciones y pruebas periciales exhaustivas, la CNDH indicó que la dependencia federal a cargo de Gerardo Ruiz Esparza es la principal responsable de todas las irregularidades derivadas de la planeación y ejecución del Paso Exprés en la autopista México-Cuernavaca, donde se formó un socavón en que perecieron dos personas, por lo cual entregará los resultados de sus investigaciones a la Procuraduría General de la República (PGR) para que considere las evidencias recabadas y el análisis integral en la carpeta de investigación que integra.

Para la CNDH, la negligencia y posible corrupción durante la construcción del libramiento Paso Exprés de la autopista México Cuernavaca, atribuibles a la SCT y al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), fueron el origen de la mencionada oquedad que costó la vida a dos personas –padre e hijo— que viajaban por la carretera el 12 de julio de 2017 y cuyo vehículo cayó en ella, y a dos personas más en diferentes situaciones.

De acuerdo a un comunicado de la Comisión, con motivo de dichas irregularidades y por la relación entre autoridad y empresas en un posible esquema de manipulación y fragmentación de contratos, solicitará a la Secretaría de la Función Pública investigue el caso de manera integral y no dispersa, basada en todos los componentes que provocaron la falla, tanto de las empresas como de las personas servidoras públicas involucradas, ya que, salvo 9 servidores públicos sancionados en materia administrativa, el hecho continúa impune al no haber responsables penalmente ni por falta de rendición de cuentas.

Al respecto, esta Comisión Nacional considera que imponer sanciones ejemplares es un disuasivo para que casos como el socavón no vuelvan a presentarse. De otra manera, el riesgo de su repetición seguirá latente.

Por lo anterior, la CNDH emitió la Recomendación 34/2018, dirigida a Gerardo Ruiz Esparza, Secretario de Comunicaciones y Transportes; Alfredo Vara Alonso y Roberto Ramírez de la Parra, Directores Generales del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), respectivamente; a Cuauhtémoc Blanco Bravo, Gobernador del Estado de Morelos y a los integrantes del Ayuntamiento de Cuernavaca.

Al presentar la Recomendación 34/2018, el Segundo Visitador General, Enrique Guadarrama López, señaló que en su investigación de oficio sobre la transgresión al derecho humano a la vida de las víctimas y el acceso a la información a sus familiares, la CNDH acreditó falta de planeación e irregularidades en el diseño, licitación, contratación de empresas, así como un posible esquema reiterado de alteración administrativa durante la construcción, por la SCT y Banobras, pues la vialidad no contaba con los estudios ni permisos necesarios en materia medio ambiental e hidráulica al momento de ampliarse a 10 carriles y no 8 como originalmente se había previsto.

Además, no contempló todos los cruces de agua y drenaje que podían afectarla; muchos permisos fueron solicitados una vez adjudicada la licitación, durante la ejecución de los trabajos o no fueron tramitados; y pese a la advertencia de las constructoras y la Comisión Estatal del Agua, la SCT no reparó el desbordamiento de la tubería del drenaje que cruza el kilómetro 93+857 del socavón, lo que influyó en el hundimiento de la vialidad.

También encontró responsable a la Conagua al no informar a la SCT de todos los puntos de afectación hidráulica por la obra del Paso Exprés, en particular donde se abrió el socavón, y por no realizar visitas de verificación y aplicar sanciones a los responsables de la ejecución de la obra sin los permisos respectivos.

Dijo que el Ayuntamiento de Cuernavaca omitió dar mantenimiento al drenaje; dejó acumular la basura en el alcantarillado del drenaje que cruza el socavón y fue rebasada su capacidad de respuesta durante el hundimiento. En tanto, el Gobierno del Estado de Morelos, a través de Protección Civil, omitió asumir el mando ante el accidente de las dos personas que perdieron la vida y por no generar condiciones de seguridad que impidieran los accidentes de dos personas más.

Respecto del posible esquema de corrupción de Banobras y la SCT, la CNDH observó irregularidades en la ejecución de la obra, en el proceso de licitación y la contratación con las empresas, que generaron alza de 67.94% en el costo previsto de 1,134 millones 215,941.01 pesos y aumento de 7 meses en el tiempo de ejecución, sin la autorización de la Función Pública. Precisó que la construcción de esa vialidad también causó la muerte de dos personas más, una de las cuales perdió la vida al circular en motocicleta y ser golpeada por un cable de luz de alta tensión suelto, y la otra cayó de un paso peatonal sin barandal ni señalamiento de peligro alguno.

Por lo anterior, la CNDH recomienda al titular de la SCT que en coordinación con Banobras, Conagua, el Gobierno del Estado de Morelos y el Ayuntamiento de Cuernavaca reparen el daño a las víctimas directas e indirectas de las cuatro personas que perdieron la vida, que incluya compensación y se les inscriba en el Registro Nacional de Víctimas; se ofrezca disculpa pública institucional a las víctimas y sus familiares por las violaciones a derechos humanos cometidas en su agravio y se publique en su página web oficial por un periodo de un año.

Generar mecanismos legales que obliguen contractualmente a las empresas respetar derechos humanos en todos los contratos públicos que se celebren; se colabore con la denuncia y queja que la CNDH presente ante autoridades correspondientes, para deslindar responsabilidades penales y administrativas de servidores públicos e involucrados responsables de los hechos; capacitar al personal sobre los “Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos de las Naciones Unidas”; continuar la atención directa a los vecinos de las zonas afectadas y garantizar la seguridad de los habitantes y usuarios de la zona; que los servidores públicos se abstengan de hacer declaraciones públicas sobre la legalidad de su actuación antes de contar con los resultados de una investigación sin demérito al derecho a la información.

Al Director General de Banobras se le pide generar mecanismos para obligar a las empresas a respetar los derechos humanos en todos los contratos e incorporar sanciones en caso de incumplimiento; adecuar normas para que, a partir de 2019, la operación y otorgamiento de financiamiento a empresas privadas se ajusten a las sanas prácticas y usos bancarios para que acrediten la factibilidad en derechos humanos; capacitar a su personal sobre los “Principios rectores sobres las empresas y los derechos humanos de las Naciones Unidas” y de la aplicabilidad de las “Normas de desempeño sobre Sostenibilidad Ambiental y Social de la Corporación Financiera Internacional” del Banco Mundial.

El Director General de la Conagua, en coordinación con el Gobierno de Morelos y el Ayuntamiento de Cuernavaca, deberá identificar los puntos de riesgo hidráulico en el Paso Exprés, para establecer medidas preventivas inmediatas y permanentes, estableciendo un registro específico.

El Gobernador del Estado de Morelos y el Ayuntamiento de Cuernavaca deberán realizar mesas de trabajo con autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) para implementar mecanismos de coordinación que permitan reacción inmediata ante fenómenos perturbadores; verificar, actualizar y mejorar el equipamiento y capacitación de las corporaciones de Protección Civil a nivel estatal y municipal; atender, programar y realizar gestiones para identificar y atender posibles riesgos para la población civil; y tener presupuesto para optimizar la capacidad de respuesta de los cuerpos de Protección Civil.

Esta Recomendación también fue entregada al Congreso para que considere posibles modificaciones normativas planteadas en el documento, así como a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, para la formulación de políticas públicas en materia de empresas y derechos humanos.

La Recomendación 34/2018, que ya fue debidamente notificada a sus destinatarios, puede consultarse en la página www.cndh.org.mx

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