Se compromete GPPRD a agilizar liberación de presos políticos

CIUDAD DE MÉXICO, 1 de diciembre de 2016.- Diputados federales del Grupo Parlamentario del PRD (GPPRD) se comprometieron –ante familiares de defensores de derechos humanos detenidos arbitrariamente y ante organizaciones sociales que acompañan los casos– a presentar diversos puntos de acuerdo para exigir al Estado mexicano la liberación inmediata de Damián Gallardo, Librado Baños y Enrique Guerrero, considerados presos políticos desde 2013.

Omar Ortega Álvarez, coordinador de Proceso Legislativo de los diputados del Sol Azteca, detalló que uno de los puntos de acuerdo tendrá por objetivo solicitar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que acate las recomendaciones emitidas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) desde el año pasado, en las que se exige la liberación inmediata de los detenidos.

Los parlamentarios sostuvieron una reunión con organizaciones sociales como: Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad de Oaxaca A.C; el Comité Enrique Guerrero Aviña; Colectivo Liquidámbar; Comité de Familiares, Amigas y Amigos “Damián Gallardo Martínez”, entre otras, de quienes recibieron el documento titulado Detenciones arbitraria e ilegal. Criminalización: una política de Estado para inhibir la defensa de los derechos humanos en México.

“Nos encontramos en una situación extremadamente violenta y que está en contra de todos los principios fundamentales del Derecho. Hoy no existen derechos humanos en el Estado mexicano y creo que no hacer algo, es participar; también por omisión se participa en violaciones graves a los derechos humanos”, sostuvo Ortega Álvarez durante la reunión.

Recordó que hace unos meses presentó ante la Comisión Permanente un punto de acuerdo para exigir que el Estado mexicano se disculpara públicamente con Nestora Salgado –activista y comandante de la policía comunitaria de Olinalá, Guerrero– quien pasó más de un año detenida de manera arbitraria; sin embargo, no se aprobó la propuesta.

El diputado Felipe Reyes Álvarez, calificó como “terrible” que persistan violaciones a los derechos humanos de los mexicanos.

“Haremos nuestro este informe especial y exhortaremos, a través de los mecanismos que tiene la Cámara de Diputados, para pedir su intervención de manera profesional y eficiente; además, buscaremos ser un medio de interlocución con el gobierno. Estoy seguro que el Grupo Parlamentario del PRD, hará suya la demanda que nos acaban de plantear”, sostuvo el parlamentario.

Entre las recomendaciones que las organizaciones sociales hacen a través del informe destacan:

Al Estado mexicano:

Liberar de forma inmediata a Damián Gallardo Martínez, Librado Baños Rodríguez y Enrique Guerrero Aviña.

Diseñar e implementar planes integrales de reparación del daño material y moral sufrido que incluyan medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.

Diseñar dentro del Mecanismo de Protección de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, un procedimiento apropiado para atender el fenómeno de la criminalización y abuso del poder punitivo como método de silenciamiento.

Diseñar e implementar un mecanismo formal de seguimiento.

Fincar las responsabilidades penales, civiles y administrativas a cada uno de los responsables por acción y omisión en las graves violaciones a derechos humanos.

Al Grupo de Trabajo sobre las Detenciones Arbitrarias de la ONU:

La publicación inmediata de las opiniones y acciones urgentes, una vez emitidas y notificadas al Estado.

La incorporación de un plazo breve de cumplimiento en el texto de las opiniones emitidas, requiriendo un informe de cumplimiento detallado.

La supervisión de las medidas de implementación a través de la remisión de cartas y visitas de los expertos.

Agendar una pronta supervisión y visita de los expertos del Grupo de Trabajo a México para documentar el seguimiento a los casos en los que ha emitido una opinión.

A la CNDH:

Coadyuvar de manera activa con los defensores y defensoras de derechos humanos para documentar las graves situaciones de privación ilegal y arbitraria de la libertad, así como de los actos de tortura, incomunicación y violaciones al debido proceso.

Agilizar las investigaciones de las quejas que tiene a su cargo y no dilatar la emisión de medidas cautelares.

Impulsar el acatamiento de las opiniones del Grupo de Trabajo frente al Estado mexicano.

Apropiarse de las opiniones, recomendaciones y sentencias emitidas por la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de la ONU.

Coadyuvar, dar seguimiento y evaluar los procesos de liberación, atención médica y reparación del daño solicitados por el Grupo de Trabajo al gobierno de México.