Mara Lezama, la gobernadora con mayor aprobación de México: Mitofsky
CIUDAD DE MÉXICO, 17 de enero (Quadratín México).- El presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), César Cámacho Quiroz, se congratuló de que 19 entidades federativas hayan aprobado la reforma educativa, y lo único que falta es la declaratoria por el Congreso de la Unión para que entre en vigor.
Indicó que con la declaratoria del Congreso se dará paso a la legislación secundaria y a las grandes decisiones para que la política educativa sea de calidad, con la cobertura y la pertinencia que todos los mexicanos quieren tener.
Entrevistado en la sede del PRI dijo que “estoy enterado ya de recientes aprobaciones de la minuta en materia educativa, y ya podemos considerar que con Baja California Sur, Campeche, Hidalgo y Yucatán suman 19 las entidades que la han aprobado”.
La totalidad de los estados que avalaron la reforma son: Hidalgo, Yucatán, Campeche, Chihuahua, Guerrero, Colima, Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Chiapas, Estado de México, Tamaulipas, Veracruz, Querétaro, San Luís Potosí, Nayarit, Durango, Sinaloa y Baja California Sur.
Con la aprobación de estas 19 entidades, dos más de las que se requieren legalmente -la mitad más uno del total nacional- sólo habrá que esperar a que se haga la notificación a los Poderes Legislativos y Ejecutivo para proceder a la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF)
Al ser interrogado en torno a si el PRI irá por la aplicación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en medicinas y alimentos, el político mexiquense reiteró que no hay que adelantar vísperas.
“Lo que sí puedo comentar es que en el caso de lo fiscal no se puede tener una visión tan reducida de un fenómeno tan amplio, es decir, una parte de uno de los impuestos del catálogo de ingresos”, expuso.
“Una reforma hacendaria integral comprende todos los ingresos, los egresos, el endeudamiento, la contabilidad, los recursos para estados y municipios; de tal suerte que fijar la vista en sólo un tema específico es limitar la capacidad de los asambleístas para decidir qué quieren hacer, qué queremos hacer con la política hacendaria del país”, precisó.
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