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CIUDAD DE MÉXICO, 5 de diciembre (Quadratín México).- La Presidencia de la República desistió de la controversia constitucional que el gobierno de Felipe Calderón interpuso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la Ley General de Víctimas.
Funcionarios del máximo tribunal de justicia del país informaron que este miércoles ingresó a la Corte el desistimiento de la Presidencia contra dicho recurso, tal y como lo había prometido Enrique Peña Nieto tras asumir la titularidad del Ejecutivo Federal el pasado 1 de diciembre.
La Ley General de Víctimas permanecía congelada desde el 19 de julio de este año, cuando el entonces consejero Jurídico del Ejecutivo Federal de la administración panista presentó la controversia contra el Congreso de la Unión, con motivo de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del Decreto por el que se expedía la Ley General de Víctimas.
La demanda que presentó el entonces presidente Calderón fue aceptada por los ministros Sergio A. Valls Hernández y Fernando Franco González Salas, quienes integraron la Comisión de Receso de la Corte, mismos que otorgaron una suspensión que evitaba la publicación de dicho decreto en el Diario Oficial.
Calderón regresó dicha ley al Congreso de la Unión con observaciones, lo que causó molestia entre los legisladores, quienes argumentaron que los señalamientos se realizaron fuera de los tiempos que establece la Constitución.
La decisión de Felipe Calderón también fue criticada por los integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), quienes consideraron que el mandatario “traicionó su palabra”, al no publicar la ley.
“Un hombre que falta a su palabra, no vale nada. El presidente, en este momento, no vale nada para nosotros. Está faltando a su compromiso y a su palabra. Está violentando la Constitución. Hago un llamado muy fuerte al presidente de la República para que honre su palabra y sea digno con las víctimas”, expresó el líder de esa agrupación, Javier Sicilia.
En septiembre pasado, la Corte asestó un revés al Congreso de la Unión, que buscaba dejar sin efecto la suspensión que se concedió a Calderón con el cual quedó congelada la Ley General de Víctimas.
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