Se esperan más impugnaciones a la Constitución capitalina: IBD

CIUDAD DE MÉXICO, 13 de junio de 2017.- En el corto plazo es posible que se presenten nuevas impugnaciones derivadas de la legislación secundaria de la Constitución Política de la Ciudad de México, pues tras la aprobación del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México el pasado 31 de mayo, diversos partidos políticos han hecho pública su intención de interponer una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Así lo advierte el Instituto Belisario Domínguez (IBD) en un estudio denominado “Las impugnaciones a la Constitución Política de la Ciudad de México” en el que reconoce que los partidos políticos de Morena y Movimiento Ciudadano han solicitado al jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, a “respetar el espíritu ciudadano de la Ley electoral para incluir la solicitud ciudadana de elegir, de forma directa, a los concejales de las alcaldías”, que de no atenderse podría generar una nueva impugnación ante la Máximo Tribunal del país.

En ese sentido, el Senado de la República, a través de dicho centro de investigación, reconoce que los cinco grupos parlamentarios han argumentado que resulta fundamental que los concejales sean electos por los ciudadanos, puesto que en ellos recaen las tareas de intervenir en los mecanismos del Sistema Anticorrupción y de revisar el cumplimiento de las metas de gobierno, por lo que advirtieron que, de publicarse en la Gaceta Oficial tal y como fue aprobada, se corre el riesgo de que “se suprima la figura de contrapeso en los gobiernos de las alcaldías”.

El pasado 5 de febrero se publicó en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial capitalina el texto de la Constitución Política de la Ciudad de México, un nuevo marco institucional que pone como figura central a los ciudadanos y sus garantías individuales.

Sin embargo, la conclusión de esta etapa no implica la entrada en vigor automática del texto constitucional en las fechas estipuladas, sino que supone el inicio de una nueva ya que diversos actores gubernamentales, organismos autónomos y partidos políticos presentaron siete impugnaciones al nuevo ordenamiento jurídico.

Aunque no existe un plazo límite para que la SCJN desahogue las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, es claro que su resolución sentará un precedente sobre el alcance de las facultades y atribuciones de los Poderes Legislativos locales.

No obstante, los meses posteriores a la admisión de las impugnaciones por parte de la SCJN han estado plagados de cuestionamientos y apoyos tanto a los siete recursos legales como a las determinaciones del ministro Laynez.

Por un lado, los defensores de la Constitución argumentan que se trata de un litigio de carácter político-ideológico más que judicial, y consiguieron que la SCJN reconociera la persistencia de la personalidad jurídica de la Asamblea Constituyente para comparecer en el juicio, a pesar de que inicialmente se había designado a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Y, por otro lado, los detractores del texto constitucional respaldan las siete impugnaciones puesto que consideran que contribuirán a dar certeza y seguridad jurídica a la ciudadanía al asegurar que no se contravenga ningún ordenamiento federal ni se invadan las competencias del Congreso de la Unión o de la Federación.

Es importante precisar que, al 5 de junio de 2017, la SCJN aún no ha determinado las fechas para las audiencias ni si serán públicas o no, lo cuál es el siguiente paso para continuar con la defensa legal de la Constitución de la Ciudad de México.

Cabe señalar que la Consejería Jurídica y de Servicios Legales local ha insistido que las audiencias sean públicas para que todos los actores políticos, sociales y no gubernamentales que participaron en la elaboración de la Carta Magna puedan participar.

Al respecto, el titular de dicha dependencia, Manuel Granados, ha declarado que el ministro Laynez se encuentra preparando el proyecto de sentencia de las acciones de inconstitucionalidad, y una vez que concluya sería entregado al Pleno de la SCJN, y será en ese momento cuando se discuta la posibilidad de hacer públicas las audiencias, periodo que estima demorará aproximadamente un mes..

Respecto al futuro de las impugnaciones, diversos juristas y académicos realizaron un ejercicio de prospectiva sobre los posibles escenarios en que podrían derivar y las implicaciones que podrían tener en el texto constitucional.

En ese sentido, plantearon tres escenarios posibles. La Corte ordena una Constitución “espejo”: De acuerdo con Javier Cruz Angulo, director de la Clínica de Interés Público del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y Jaime Cárdenas, ex diputado constituyente e investigador de la UNAM, este escenario se produciría si la SCJN determina que la Constitución de la Ciudad de México debe ajustarse firmemente a la federal, particularmente en materia de derechos.

De igual manera, la Corte podría determinar que la legislación local no debe alejarse del texto constitucional federal y determinar que todas las Constituciones de las entidades federativas deberían ser idénticas a la federal en el apartado de derechos.

El riesgo de este escenario es que, si la Corte mantiene una postura “formalista”, podría echar abajo la mitad del trabajo de los constituyentes, y, además, se limitarían los derechos de los habitantes de la capital del país, según César Craviato, diputado local y líder del grupo parlamentario de Morena.

Por otro lado, la Corte avala lo aprobado por el Constituyente: La SCJN podría reconocer que los Legislativos locales pueden ampliar los derechos de los ciudadanos de un territorio siempre y cuando no entren en “franca colisión” con lo establecido en la Constitución federal.

Al respecto, Cruz Angulo señala que existen antecedentes como, por ejemplo, la Constitución de Michoacán que establece que la educación será gratuita hasta nivel universitario, mientras que, en la Carta Magna federal, la gratuidad llega sólo hasta el nivel medio superior.

Sin embargo, habrá temas que generarán bastante polémica como lo advierte el académico de la Universidad Panamericana, Gustavo Garduño, quien resalta que la disposición de que el Congreso local se integrará, en igual porcentaje, por diputados electos por voto directo y por diputados electos por la vía plurinominal, desatará un amplio debate en la SCJN, ya que la Constitución federal no dice nada sobre cuál es el mínimo de diputados que pueden ser electos por los ciudadanos, ni el máximo por representación proporcional.

Cabe señalar que este aspecto fue impugnado por Morena y se espera que sea uno de los primeros en ser resueltos, toda vez que la materia electoral de la Constitución entraría en vigor desde el 6 de febrero, y el proceso electoral del próximo año arrancará formalmente a finales de 2017.

La Corte pone en duda las nuevas instituciones contempladas en la Constitución local: La creación de nuevas instituciones como el Consejo Judicial Ciudadano podría ser desechada por la SCJN si determina que las entidades federativas no están facultadas para crear órganos distintos a los contemplados en la Constitución federal, lo cual podría representar un duro golpe para el federalismo mexicano, según Cruz Angulo.